*

Correos de los Lectores
Compartida
Actualizado el 19/03/2017
Estás leyendo:Medidas de Joaquín Lavín en Las Condes

Medidas de Joaquín Lavín en Las Condes

Señor director:
El Estado tiene deberes claros respecto de la prevención, investigación y sanción de delitos. Pero en un estado de derecho no puede hacerse de cualquier forma. Como establece el artículo 7 de la Constitución, los órganos del Estado solo pueden actuar dentro de su competencia y ninguna autoridad puede arrogarse otras facultades que las establecidas en la ley.
Esto es lo que ocurre en Las Condes, con la medida de excluir de beneficios sociales a personas mayores de 30 años detenidas en más de dos ocasiones por delitos contemplados en la ley de drogas.
De acuerdo a la Constitución chilena y de las democracias modernas, las penas asignadas a un delito deben estar establecidas por ley. Por tanto, no puede establecerlas un municipio. A quien corresponde aplicarlas es al Poder Judicial; aunque el alcalde señale que pretende ser “más estricto que la Justicia”, no puede atribuirse facultades judiciales.
La medida del municipio es a todas luces atentatoria del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en tratados de derechos humanos suscritos por Chile. Se trata de un derecho conquistado hace varios siglos, que impide que el Estado pueda sancionar a las personas sin previamente demostrar su culpabilidad en conformidad a la ley. Por cierto, se trata de un derecho que rige respecto de todos los delitos.
Por último, el alcalde de Las Condes desconoce que el acceso a salud, vivienda u otras prestaciones sociales es un derecho de todas las personas y sus familias. También en estas materias el Estado de Chile tiene obligaciones que debe cumplir, no correspondiendo que deje de hacerlo excusándose en la supuesta comisión de delitos.
Rodrigo Bustos Bottai
Jefe Unidad Jurídica Judicial
I. Naciona de Derechos Humanos

Comentarios
Cargar comentarios
Papel digital