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Actualizado el 31/12/2017
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México termina el año con su mayor cifra de homicidios

Autor: Valentina Jofré

Hasta noviembre se registraron 23.101 asesinatos. Peña Nieto busca atacar el fenómeno con una polémica ley.

México termina el año con su mayor cifra de homicidios
Una mujer coloca una vela frente a imágenes de periodistas asesinados durante una protesta frente al Ministerio del Interior, en Ciudad de México, en mayo.

La historia de un periodista mexicano que fue ultimado a tiros la semana pasada, tras asistir al festival navideño en la escuela de su hijo, recuerda la creciente violencia en la que está sumida México, en este caso, asociada al narcotráfico. Un caso que se suma al reciente asesinato de tres políticos. Pero no son solo periodistas y políticos los ligados a temas de crimen organizado, corrupción y lavado de dinero, sino que también es toda una sociedad la que se ve expuesta a la delincuencia.

Según cifras de enero a noviembre divulgadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año figura como el más mortífero en la historia de México, con 23.101 homicidios dolosos, cifra que supera el anterior récord de 2011, cuando se registraron 22.409 asesinatos. Aunque la cifra no está desagregada en relación al motivo del homicidio, varios expertos consideran que un amplio porcentaje estaría vinculado al crimen organizado.

El ex Presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) implementó la llamada lucha contra el narcotráfico apenas llegó al gobierno, estrategia que contemplaba una ofensiva militar. Según datos oficiales, a 11 años del inicio de la operación, más de 200 mil personas han muerto a raíz de esta “guerra” y 30.000 han desaparecido.

“No hubo estrategia ni objetivos definidos. La improvisación ha sido el signo distintivo. Y de no ser por el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, varias partes del país estarían colapsadas”, explica a La Tercera el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de defensa y seguridad, Javier Oliva.

Así, el poder de los narcotraficantes en el país no parece haber disminuido desde 2006, sino que todo lo contrario. “Al final del sexenio de Calderón se hablaba que había 89 subgrupos bajo los grandes carteles. En el período 2015-2016 se hablaba de que había más de 130 subgrupos, es decir, lo que causó la famosa lucha contra el narcotráfico de Calderón fue polarizar a las organizaciones delictivas”, afirma Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. “Por eso, hoy se combate a pequeñas organizaciones de 50 a 100 personas que tienen el control de alguna ciudad. Es más difícil para la autoridad poder combatir”, dice.

Sin embargo, ambos expertos aseguran que el principal problema de México es la corrupción, el lavado de dinero y la impunidad. “El terrible problema es el lavado de dinero, que no se ha atacado en México porque muchos de los políticos del país pueden tener vínculos con empresas de personas que se dedican al narcotráfico. Esto está demostrado y por eso varios ex gobernadores son señalados en EE.UU. por esta relación”, señala Barrón Cruz.

Según el investigador, las políticas antinarcos han fracasado en México, debido a que estos programas no están adecuados a la realidad mexicana. “Hay formas diferenciadas de cuatro carteles que trabajan de manera distinta en el negocio de las drogas y habría que tener una estrategia diferenciada entre ellos”, advierte. En ese sentido, critica la actual estrategia del gobierno mexicano basada en el “descabezamiento”, que comprende la detención de los líderes de las organizaciones delictivas, lo que no acabaría con el narcotráfico.

Hace unas semanas, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Seguridad Interior que contempla la intervención de militares y marinos para controlar las protestas. Dentro de esta norma se contempla también la lucha contra organizaciones criminales.

Sin embargo, entre los expertos existe división frente a esta norma. “La ley es un apoyo para obligar a las autoridades locales, es decir, gobiernos estatales y municipales, para cumplir con su obligación de proporcionar la seguridad pública a los ciudadanos”, manifiesta Oliva. Con una visión más crítica, Barrón Cruz sostiene que “ahora los militares van a tener más facultades para poder realizar funciones de policía, lo cual contraviene toda la normativa mexicana e internacional”. “Para algunos analistas, este es el primer paso para una dictadura militar”, advierte.

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