Nicaragua: Denuncian ante la ONU falta de independencia en justicia

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil) informaron el miércoles que pidieron la visita a Nicaragua de la relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
 
Los organismos informaron el miércoles que enviaron una misiva a la relatora Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva para denunciar que "hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua" porque "por años han respondido a los intereses" del opositor Partidos Liberal Constitucional y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
 
En la misiva fechada el 6 de septiembre, le solicitan a la relatora que pida información al estado nicaragüense sobre la situación de la justicia y la invitan a una visita para atestiguar el problema.
 
Actualmente, un grupo de los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia que ya cumplieron el periodo para el que fueron designados, siguen oficiando gracias a un decreto presidencial, emitido en virtud de que en el Legislativo los dos principales partidos no han conseguido ponerse de acuerdo para la designación de los jueces y de otros funcionarios.
 
Los magistrados deben ser nombrados por el Legislativo, en donde, tradicionalmente, el PLC y el FSLN se reparten los cargos en el poder judicial, sin embargo, durante el actual periodo los partidos políticos no se han puesto de acuerdo por lo que la designación de jueces ha estado paralizada, lo cual motivó la promulgación del citado decreto.
 
"Lo que está ocurriendo en la Corte afecta además la garantía y protección de los derechos humanos de las personas en Nicaragua quienes, ante la falta de competencia de los miembros actuales, nos encontramos en un estado absoluto de indefensión", dijo en una nota de prensa Vilma Núñez, directora del Cnidh.
 
Agregó que la comunidad internacional debe mantenerse vigilante ante los hechos que están ocurriendo en Nicaragua y condenar toda actuación que tenga como fin debilitar el estado de derecho en este país.