El gobierno del Presidente estadounidense, Barack Obama, buscó con representantes republicanos proteger a la administración de George W. Bush de las acusaciones de tortura en una investigación en España, según un documento difundido por Wikileaks.
El 17 de abril de 2009 la embajada estadounidense en Madrid envió a Washington un cable en el cual indicó, según esos documentos, cómo el departamento de Estado y la Casa Blanca debían actuar sobre España para evitar ese proceso.
La embajada contactó a la cancillería y al ministerio de Justicia españoles, a los cuales advirtió que para Estados Unidos se trataba de un "asunto muy serio", a lo cual siguieron presiones hasta que el caso fue archivado.
La investigación implicaba a funcionarios de alta categoría del gobierno de Bush, entre ellos el vicepresidente Dick Cheney.
