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El juez español Baltasar Garzón fue condenado hoy a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, al ordenar en 2009 escuchas telefónicas entre acusados y sus defensas en el marco del llamado "caso Gürtel", la trama de corrupción masiva que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años.
La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su arista legal en otro tipo de delitos es más difuso.
El magistrado estaba suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde 2010, a raíz de esta causa y de otras dos abiertas contra él, por tratar de investigar los crímenes del franquismo y por los patrocinios de unas conferencias que ofreció en Nueva York.
En una dura sentencia, los jueces afirman que Garzón "causó una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa" de los acusados.
Dicen que colocó a "todo el proceso penal español... al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados...admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa".
Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.
En este proceso, la acusación estuvo ejercida por los propios abogados que habían sido víctimas de las escuchas, mientras que la Fiscalía pedía su absolución. La parte acusadora solicitaba hasta 17 años de inhabilitación, pero la Suprema dejó la condena en 11.
Con la resolución de hoy, el Tribunal Supremo sepulta prácticamente la carrera judicial de Garzón, de 56 años, quien adquirió notoriedad internacional al gatillar la detención de Augusto Pinochet en Londres.
ABATIDO Y DOLIDO
Tras el fallo, el abogado del magistrado, Francisco Baena dijo a la agencia AFP, que su cliente estaba "abatido y dolido". Aseguró que la inhabilitación profesional "es tanto como una muerte".
"Es la muerte de un profesional", consideró Baena. "Decirle a un juez que no puede ser juez es tanto como una muerte", agregó sobre una sentencia que significa de hecho el fin de la carrera del magistrado.
"El señor Garzón está ahora tremendamente abatido, dolido", aseguró, precisando que le corresponde a su cliente decidir si apelan a esta sentencia ante el Tribunal Constitucional español o ante la justicia internacional.
El Tribunal Supremo, que juzgó a Garzón por su condición de aforado, es la última instancia de la justicia española, y no cabe por tanto la posibilidad de apelar pero el juez puede pedir el amparo del Tribunal Constitucional si considera que se han vulnerado sus derechos. "Si decidimos recurrir (...) el Tribunal Constitucional va a reparar este entuerto. Soy optimista", confió Baena.
"Pero en el improbable caso de que no estimaran nuestras pretensiones, acudiremos, si así lo decide el señor Garzón, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", agregó.
CRONOLOGIA CASO GÜRTEL
9 de diciembre de 2009: El abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el "caso Gürtel", presenta en el Tribunal Supremo (TS) una querella por prevaricación contra Garzón por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios de los imputados y sus abogados.
25 de febrero de 2010: El TS admite a trámite la querella y designa instructor de la misma al magistrado Alberto Jorge Barreiro.
1 de marzo de 2010: La Fiscalía recurre la admisión de la querella argumentando que las escuchas ordenadas por el magistrado aportaron datos que fueron "clave" en la investigación. La defensa de Garzón dice que la situación de indefensión denunciada por Peláez es "imaginaria", "abstracta" y "meramente potencial".
4 de marzo de 2010: El TS admite como parte acusadora al presunto cerebro de la trama de corrupción del "caso Gürtel", Francisco Correa. Posteriormente se aperson el "número dos" de éste, el exs ecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo.
16 de abril de 2010: El TS confirma la admisión de la querella.
10 de mayo de 2010: En su primera declaración como imputado en el caso, Garzón niega haber delinquido al ordenar intervenir las comunicaciones de los imputados en el caso y dice que era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban.
20 de octubre de 2010: Barreiro acuerda continuar la causa contra Garzón por el procedimiento abreviado en un auto en el que asegura que hay indicios para juzgarlo por haber dictado resoluciones "ostensiblemente injustas dada la patente vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal que han ocasionado".
4 de noviembre de 2010: Peláez y Correa piden al TS que abra juicio oral a Garzón y piden para él penas de inhabilitación de hasta 17 años.
7 de marzo de 2011: Garzón declara de nuevo ante Barreiro a petición propia, reitera que no delinquió al ordenar las escuchas y pide tener acceso a las conversaciones grabadas, pero su solicitud es denegada.
11 de abril de 2011: Barreiro dicta la apertura de juicio oral a Garzón en un auto en el que asegura que éste "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido "que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa".
17 de abril de 2011: La Fiscalía pide la absolución de Garzón al entender que el juez dejó a salvo el "derecho de defensa" al ordenar las escuchas.
13 de julio de 2011: El TS deniega definitivamente varias pruebas solicitadas por Garzón, confirmando así hasta cuatro resoluciones anteriores de Barreiro en el mismo sentido. Entre las pruebas denegadas estaba la declaración del instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas ordenadas por él.
28 de octubre de 2011: El TS fija el comienzo del juicio para el 29 de noviembre de 2011.
3 de noviembre de 2011: Garzón recusa a cinco de los siete magistrados que debían juzgarlo, por haber participado en la admisión a trámite de la querella y en la resolución de recursos. También recusará a Manuel Marchena, instructor de la causa por los cobros de Nueva York.
18 de noviembre de 2011: El TS aplaza el juicio hasta el 17 de enero de 2012 para poder tramitar las recusaciones formuladas por Garzón.
12 de diciembre de 2011: La Sala del 61 del TS excluye del tribunal que juzgará a Garzón a los cinco magistrados que habían participado en la instrucción de la causa, pero mantiene a Marchena.
9 de enero de 2012: Garzón recusa al magistrado Luciano Varela -designado para juzgarlo por las escuchas mientras instruye la causa contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo- y recurre ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de mantener a Marchena en la sala.
11 de enero de 2012: El TS y el TC rechazan los recursos de Garzón y confirman que Varela y Marchena formarán parte del tribunal que le juzgue junto a los otros magistrados.
9 de febrero de 2012: El TS dictya sentencia e inhabilita por 11 años a Baltasar Garzón.
