Amnistía Internacional denuncia criminalización de protestas indígenas en Ecuador

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que las autoridades ecuatorianas han utilizado al sistema judicial en contra de indígenas y campesinos que han protestado contra la explotación minera en los últimos años.

"Las acciones de las autoridades ecuatorianas contra las protestas y el uso de procedimientos criminales sin fundamento contra líderes de organizaciones campesinas e indígenas han tenido un impacto profundo en la posibilidad de esas comunidades de garantizar sus derechos", indicó AI en su informe.

El reporte se enfoca principalmente en protestas registradas entre 2009 y 2010, luego de que las autoridades ecuatorianas "no consultaran con campesinos e indígenas" y aprobaran leyes en minería y agua resistidas por esos grupos.

La organización internacional de derechos humanos detalla específicamente el caso de 24 líderes que fueron procesados judicialmente entre enero de 2009 y junio de 2010, bajo cargos como terrorismo, sabotaje u homicidio.

"Los involucrados fueron acusados de cargos criminales de aparente motivación política", según AI.

Mucho de los cargos fueron desechados, pero 11 de los 24 líderes siguen bajo investigación, según la organización.

"Cargos sin fundamentos, investigaciones prolongadas, apelaciones repetidas de los fiscales para prorrogar plazos, condiciones restrictivas de fianzas y cargos relacionados con terrorismo, son algunos de los métodos usados en lo que parece un intento deliberado de coartar los derechos de expresión, asociación y reunión", afirmó Amnistía.

El gobierno de Rafael Correa ha enfrentado insistentes protestas indígenas en los últimos años en rechazo a la explotación minera a gran escala por el impacto que tendría en las reservas de agua.

La principal organización aborigen del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, exige amnistía para casi 200 indígenas enjuiciados por sabotaje y una ley que amplíe los alcances de las consultas sobre proyectos con impacto ambiental, en la actualidad no vinculantes para el Ejecutivo.

"En vez de comprometerse con un diálogo constructivo y consultas apropiadas con las comunidades afectadas, las autoridades están usando todas las herramientas posibles para desalentar a la población de manifestar su  disconformidad", advirtió Tamaryn Nelson, encargada de Ecuador en AI.

"La política del gobierno de seguir impulsando cambios sin adecuada consulta podría provocar un continuado conflicto social en Ecuador", agregó Nelson.