Caso exonerados: gobierno advierte que presuntos delitos estarían prescritos Contraloría fijó en tres mil los casos de 'falsos exonerados', que corresponden al 30% de los beneficiarios. Organismo cuestionó pago de US$ 60 millones en pensiones vitalicias y pidió iniciar un sumario al Instituto de Previsión Social.

Caso exonerados: gobierno advierte que presuntos delitos estarían prescritos

Contraloría fijó en tres mil los casos de "falsos exonerados", que corresponden al 30% de los beneficiarios. Organismo cuestionó pago de US$ 60 millones en pensiones vitalicias y pidió iniciar un sumario al Instituto de Previsión Social.

por P. Toro y J. M. Wilson - 29/05/2013 - 03:32

Pagos a personas fallecidas y listas con postulantes sin nombres fueron algunas de las irregularidades que reprochó la Contraloría en su reciente informe de auditoría sobre las pensiones a exonerados políticos.

Pero entre los principales cuestionamientos figura la calificación irregular de tres mil exonerados, de un universo de 9.145 expedientes. Es decir, el muestreo arrojó problemas en casi un 30% de los casos examinados.

Además, en un tema paralelo, la Contraloría estimó en $ 29 mil millones (casi 60 millones de dólares) los pagos indebidos, entre 2005 y 2012, a 5.917 beneficiarios de pensiones vitalicias. A juicio de la entidad fiscalizadora, esas personas -si bien podrían calificar como exonerados- no reunían los requisitos para recibir ese beneficio de por vida. Por este tema, la Contraloría inició un sumario en el Instituto de Previsión Social.

Aunque gran parte de los problemas detectados se refiere a casos de exonerados mal acreditados durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el órgano contralor se centra en el año 2011, y también cuestiona a la actual administración por no haber subsanado algunas deficiencias o irregularidades que se arrastraban por años.

En el oficialismo están conscientes de esa “falta propia”, que atribuyen a negligencias, pero el alto porcentaje de casos irregulares (30%) demostraría que detrás de las calificaciones a exonerados, realizadas en gobiernos pasados, había un abuso sistemático de recursos fiscales para entregar favores en períodos electorales. Estas pensiones de gracia eran otorgadas, según la ley, por el Presidente, con la supervisión del Ministerio del Interior.

Si bien los antecedentes ya están en manos del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público, la apuesta del gobierno es reactivar el caso en tribunales. Pero los presuntos delitos podrían estar prescritos, debido a los años transcurridos.

“Todavía no nos ha dado respuesta el CDE sobre si están prescritos o no los casos. Lamentablemente, yo percibo que aquí estamos frente a una situación donde claramente hubo fraude al Fisco”, dijo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien en 2010 asumió la tramitación de las denuncias en contra del programa de exonerados.

Frente a ese escenario, Ubilla centró responsabilidades en autoridades de gobierno y parlamentarios que avalaron solicitudes de falsos exonerados, o bien, pagos vitalicios a personas que no ameritaban ese beneficio. “En mi opinión, las responsabilidades, si bien judicialmente no podrán ser perseguidas, sí hay una responsabilidad desde el punto de vista del otorgamiento del beneficio. Y esa explicación tienen que darla los numerosos actores involucrados”, dijo el subsecretario del Interior.

Ayer, el ex senador PS Ricardo Núñez, uno de los parlamentarios que avalaron solicitudes ante el programa de exonerados, hizo un mea culpa: “De los muchos certificados que firmé como presidente del PS, no me cabe la duda de que más de alguno no correspondía, tengo que asumir la responsabilidad... Lamento mucho que se haya prestado mucha gente para engañarnos”.

El ex subsecretario del Interior Felipe Harboe, quien dejó el cargo en 2008, dijo que era importante “que se investigue todo”.

Las primeras irregularidades fueron denunciadas en 2008 por la diputada RN Karla Rubilar, quien ayer, junto a su jefe de bancada, Pedro Browne, se mostró abierta a iniciar una nueva comisión investigadora. Si bien la Cámara indagó el tema en 2011-2012, existen críticas por el trabajo de la anterior instancia investigadora.

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