Ministra Matthei anuncia ejes de la próxima reforma al Servicio Nacional de Capacitación

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, afirmó que se viene “una revolución bastante grande” en el sistema de capacitación, en un encuentro sostenido con la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso, Asiva.

La secretaria de Estado expuso sobre el “El nuevo Sistema de Capacitación en Chile”, donde explicó que “nosotros tenemos la impresión que mucho cursos no se realizan y si se hacen no se aprende demasiado, por lo tanto, la fiscalización en este tema para nosotros es muy importante”.

En ese sentido, anunció una serie de cambios al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). “Lo que queremos es capacitar a la gente en cosas donde después encuentre trabajo, que sea realizada por instituciones educadoras de calidad y donde, además, se les tiene que pagar por resultados: el alumno aprendió o no aprendió, porque no se les puede seguir pagando por asistencia. Así que viene una revolución bastante grande en todo lo que tiene que ver con el Sence”, dijo la autoridad.

La secretaria de Estado sostuvo que en la actualidad la competencia con países de Asia es muy alta, por lo que necesita especializar a los trabajadores, lo que también redundará en que éstos mejoren sus remuneraciones.

“Nosotros tenemos que competir con trabajos que se hacen en China, India o Perú, y muchas veces con salarios muchos más bajos que los nuestros; por lo tanto, necesitamos trabajadores muy bien formados, que hagan trabajos eficientes, de tal forma de pagarles más de lo que se paga en esos países. Eso significa que tenemos que invertir mucho en nuestros trabajadores, con muy buena capacitación”, sentenció.

La titular del Trabajo conformó el año pasado una comisión transversal de expertos, encabezada por Osvaldo Larragaga, para que hiciera un diagnóstico sobre el sistema de capacitación en Chile. Esto, con el objeto de identificar qué políticas públicas estaban teniendo el efecto deseado en esta materia, ítem al cual el Estado destina unos US$400 millones anuales.