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Actualizado el 23/10/2015
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Oficialismo creará comisión investigadora por fraude en Ejército con fondos del Cobre

Autor: Alberto Labra

Bancada de diputados DC impulsa ofensiva, que cuenta con las firmas necesarias para su aprobación. Oficio ingresará el 3 de noviembre. Citarán a general Oviedo y al jefe del Estado Mayor Conjunto.

Oficialismo creará comisión investigadora por fraude en Ejército con fondos del Cobre

El martes 3 de noviembre, al regreso de la semana distrital, un grupo de diputados del oficialismo ingresará a la Cámara una solicitud para crear una comisión investigadora sobre el presunto fraude al Fisco, con fondos de la Ley Reservada del Cobre, cometido en el Ejército.

La ofensiva es impulsada por la bancada DC, y es apoyada por parlamentarios de todos los partidos de la Nueva Mayoría. La petición ya cuenta con más de 50 firmas. Y para aprobar la conformación de esta instancia se requieren 48 votos.

El caso que se pretende indagar en el Congreso fue conocido en febrero pasado, cuando se reveló, primero, un fraude por más de $103 millones, que involucraba el uso de facturas ideológicamente falsas -cuestionadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII)- para reparaciones de vehículos militares. Esto, por servicios que nunca se llevaron a cabo. Luego, surgieron nuevos antecedentes que aumentaron los casos, llegando a un posible fraude al Fisco que asciende a $1.800 millones.

De hecho, en el oficio que ingresarán los diputados a la Cámara se señala que el entonces subsecretario de FF.AA., Gabriel Gaspar -hoy fuera de ese cargo y nombrado como integrante del equipo asesor de Chile para el juicio con Bolivia en La Haya-, informó a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a una de las empresas involucradas (Raúl Fuentes Quintanilla) superaban los $1.400 millones.

Las irregularidades -que habían sido detectadas en abril de 2014, gracias a que un tesorero del Ejército denunció internamente los hechos- están siendo investigadas por la fiscal Ximena Chong, de la zona Centro Norte, y por la Justicia Militar, a cargo de la fiscal Paola Jofré. Los presuntos ilícitos habrían ocurrido entre 2010 y marzo de 2014, incluyendo a diversas empresas proveedoras del Ejército. 

“Solicitamos que la Cámara acuerde crear una comisión investigadora, a fin de indagar las responsabilidades administrativas y políticas que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército, a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre”, se lee en el escrito que presentarán los parlamentarios. Y se agrega: “Las facturas con cargo a la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a los proveedores. En dicho proceso participan el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el Departamento de Planificación Financiera del Ejército y la Tesorería de esta institución, donde se realizan los pagos. Todos los cuales resultan comprometidos en estos hechos. Por lo que la actuación de todas estas reparticiones públicas debe ser esclarecida”.

El objetivo, una vez que se constituya la comisión, es citar al comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo; al jefe del Estado Mayor Conjunto, José Miguel Romero; a los encargados de los sistemas de auditoría del Ejército; al ex subsecretario de FF.AA. Gabriel Gaspar; y a los principales involucrados en el caso: entre otros, el coronel de Ejército Clovis Montero; el cabo de Ejército Juan Carlos Cruz; y Francisco Huincahue, proveedor de esa rama castrense a través de la empresa Frasim Ltda.

Ley Reservada del Cobre

La Ley Reservada del Cobre destina un 10% de las ventas de Codelco a gastos de las FF.AA. -como compra de armamento, por ejemplo-, asegurando, si el valor del cobre es bajo, un mínimo de US$ 150 millones. Y la información sobre el manejo de los recursos es secreta.

Así, los diputados plantean en el escrito que “los hechos  permiten manifestar la urgencia de la derogación de dicha ley y del control del gasto militar por un órgano del Estado independiente”. Esto, junto con solicitar “que se transparente dónde se encuentran los fondos de la Ley Reservada del Cobre, analizando su administración y fiscalización”.

Esa es, precisamente, otra de las líneas que pretende seguir esta comisión. Los impulsores de esta instancia han tenido acceso a antecedentes, a través de la Comisión de Defensa, sobre un posible envío de dineros al extranjero. Esto, como una forma de optimizar la administración y rentabilidad de esas platas, esquema que era utilizado en los 90.

“Hay rumores de que la plata está en el extranjero”, dice el jefe de bancada DC, Ricardo Rincón, junto con señalar que esa información proviene de Hacienda. “Que las platas estén en Chile o fuera del país no es ilegal, pero lo que no puede ocurrir es que se diga que están acá y que, en verdad, estén en el extranjero. A nosotros se nos informó que los recursos habían sido repatriados poco a poco, hasta su totalidad. Queremos saber si eso es efectivo y qué mecanismos de control hay”, agrega.

“La política de Defensa es de Estado. Su financiamiento requiere estabilidad y planificación, pero también un control democrático a través del Congreso y la Contraloría. Aquí hubo una maquinación de militares para defraudar al fisco, sustrayendo, mediante facturas falsas y servicios no prestados, fondos de la Ley Reservada del Cobre”, agrega el presidente de la Comisión de Defensa, Jaime Pilowsky (DC).

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