Cuba: el precio de disentir

La muerte tras una huelga de hambre del disidente cubano Orlando Zapata -cuyo primer aniversario se recordó el jueves pasado- fue una potente señal para la opinión pública internacional de que bajo el gobierno de Raúl Castro, que por entonces cumplía dos años en el poder, el régimen habanero no había cambiado su vena dictatorial. Con todo, el fallecimiento de Zapata generó un revuelo mundial que, junto con poner una vez más el foco en la situación de derechos humanos bajo el gobierno castrista, consiguió que éste aceptara, con la mediación del gobierno de España y la Iglesia Católica cubana, liberar a un total de 52 disidentes, a condición de que éstos aceptaran abandonar la isla o desistir de sus críticas. La primera exigencia, que aceptaron 40 de los presos de conciencia -todos condenados por su activismo político-, recalcó nuevamente el carácter autoritario de ese gobierno, que imponía el extrañamiento a sus ciudadanos por su opinión política, o el silencio.

A principios de este mes La Habana dejó de exigir a los restantes detenidos -que son sólo una fracción del total de presos políticos en Cuba- que partieran al exilio como condición para liberarlos, lo que cabe celebrar. A la sazón sólo media docena permanece tras las rejas y se especula que pronto todos serán liberados. Con todo, el tortuoso proceso para llegar a ese resultado hace suponer que el régimen cubano aún no parece dispuesto a aceptar estándares básicos de respeto a los derechos y libertades individuales. Mientras eso no ocurra, los múltiples anuncios de reformas económicas y de modernización del aparato estatal que ha hecho Raúl Castro durante el último año no deben confundir a la comunidad internacional respecto de la falta de cambios en lo fundamental: su política de ponerle un precio al disenso de los cubanos.