Señor director:
En diciembre culminamos la más profunda reestructuración de Transantiago. La Ley 20.504 aprobada en el Congreso permitió modificar los contratos de las concesionarias vigentes hasta 2020, y que de no haber cambiado, prolongarían la mala calidad del servicio por ocho años más.
Los nuevos contratos que esperamos sean tomados de razón por la Contraloría General de la República en los próximos días, permitirán una mejor calidad de servicio a los usuarios, que es la mayor deuda del sistema.
Todos los nuevos incentivos apuntan en esa dirección: pago por pasajero transportado, renovación de flota, control de evasión, eliminar transbordos, medir tiempos de espera y un mejor control a los buses.
Al definir el nivel de servicio que debe prestar Transantiago, podemos estimar el financiamiento requerido para su operación. Todas las ciudades del mundo con un transporte público de calidad cuentan con aporte estatal, pues entienden que el financiamiento no puede venir sólo de los usuarios.
El subsidio hoy cubre el 37% de la operación, y con la actual ley, se reducirá a un 12% en 2016, lo que además de aumentar el pasaje, degradará progresivamente el servicio.
Por eso se requieren aportes permanentes que mantengan la calidad del transporte y que estén focalizados en quienes lo necesitan: el 90% de nuestros pasajeros pertenece a los grupos más vulnerables.
El transporte público requiere una modernización definitiva, con un sistema de calidad en todo el país. El financiamiento que recibe Santiago y regiones permitió el retiro de buses antiguos en cuatro ciudades, $ 16 mil millones a 209 municipios para construir cinco mil paraderos, más transporte escolar para 35 mil estudiantes, rebajas de tarifas y subsidio a zonas aisladas.
Continuar y consolidar esta tarea es razón suficiente para la existencia de un financiamiento permanente al transporte público.
Patricio Pérez Gómez
Coordinador General de Transportes de Santiago
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