Señor director:
Cuesta entender la actitud del diputado Gustavo Hasbún, quien a propósito de la crisis en Aysén, ha vuelto a la carga con su propuesta de eliminar el impuesto a los combustibles.
Ya había planteado esto el año pasado y el gobierno le respondió que "por ningún motivo", pero ahora ha iniciado una campaña y ha acusado al ministro de Hacienda de actuar motivado por "la maximización de la rentabilidad económica y no de la rentabilidad social".
La verdad es justamente lo contrario. Lo que el ministro, siguiendo a sus predecesores, ha hecho es maximizar la "rentabilidad económica social", aquella que tiene en cuenta los costos sociales (externalidades) asociados al transporte y, por lo tanto, al uso de combustibles (congestión, contaminación ambiental, accidentes y deterioro de la infraestructura vial). La opinión del ministro es consistente con la de quienes analizan seriamente los problemas del transporte, teniendo en mente el bien común y no los intereses de determinados grupos (colectiveros incluidos).
Existen razones de eficiencia, equidad y carga administrativa para el Fisco que sugieren que no conviene bajar el impuesto a los combustibles.
Juan José Price E.