Independencia de los poderes de Estado

Señor director:

El gobierno parece no haber aprendido una de las lecciones más importantes del caso bombas. De las declaraciones del Presidente de la República y el ministro de Justicia se desprende que persiste el afán del Ejecutivo en intervenir o controlar las decisiones de dos órganos que son constitucionalmente autónomos; a saber, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.

El legislador ha querido que tanto jueces como fiscales sean autónomos en la persecución y juzgamiento de los delitos, justamente para evitar que por presiones del Poder Ejecutivo o de cualquier otra entidad, la justicia deje de ser ecuánime y pareja.

Si el gobierno desea ir contra el mandato del legislador y controlar la forma en que los fiscales hacen su trabajo o hacia qué tipo de delitos enfoca la persecución penal, lo correcto sería que intentara reformar la ley que da autonomía al Ministerio Público y hacerlo depender derechamente del Ejecutivo, asumiendo de ese modo los costos políticos de los fracasos en el ejercicio de dicha tarea. Continuar con un control encubierto del ente persecutor le hace mucho daño a la fiscalía, al estado de derecho y al propio gobierno.

Francisco Alvarado S.

Dir. Asociación de Defensores Penales Públicos de Chile