Señor director:
Me quiero referir al conflicto de intereses que se plantea cuando los mismos dueños de las universidades -o partes relacionadas con los dueños- son propietarios de las inmobiliarias dueñas de los bienes raíces donde funcionan las universidades.
El problema se puede solucionar si se obliga a las instituciones a publicar el canon de arriendo pagado por el uso de cada uno de los bienes raíces donde operan, con la información necesaria y accesible para todos los que la soliciten, partiendo por los estudiantes al momento de matricularse y cuando pagan su mensualidad.
Otra medida necesaria sería exigirles a las autoridades de las instituciones que las rentas de arriendo no sean superiores a los valores de mercado. Esto se podría garantizar con una tasación técnica del canon de arriendo mensual que correspondería aplicar, emitido por tres corredores o expertos en tasación de propiedades certificados por el Ministerio de Educación y por la asociación gremial, en este caso, la Asociación de Corredores de Propiedades. Así, se certificaría a cada uno de los tasadores como aptos para hacer este trabajo.
Por último, que las inmobiliarias dueñas de los bienes raíces donde funcionan las universidades estén al final respecto de sus derechos como acreedores. En el caso de que las universidades enfrenten dificultades financieras, antes de pagar las deudas de arriendo deberían destinar los recursos a pagar a los demás acreedores, y sólo después de pagadas todas las deudas, destinar recursos a saldar el arriendo de los bienes raíces. Lo mismo se debería aplicar en caso de que los bienes raíces estén financiados con operaciones de leasing, con créditos hipotecarios u otros sistemas de financiamiento.
Claudio Rivera Ferrario