EL GOBIERNO de Chile ha decidido reconocer a su similar de Honduras, tras el cese de relaciones diplomáticas que provocó el derrocamiento del anterior gobernante de ese país, Manuel Zelaya, a mediados de 2009.
Este es un paso positivo y necesario que La Moneda hizo mal en posponer hasta hoy. Aunque Chile, correctamente, condenó el golpe contra Zelaya -principal causante, por cierto, de la crisis política que derivó en esa acción-, Honduras ha dado sobradas muestras de su compromiso con la democracia y de su intención de reintegrarse al sistema interamericano: aceptó el Pacto de San José, logrado bajo auspicios internacionales, y luego organizó un proceso eleccionario que fue validado por todos los sectores políticos del país.
Sin embargo, Chile no reconoció al nuevo gobierno, sumándose a la postura de los países del eje bolivariano y Brasil, en un aparente intento por no antagonizar a esos gobiernos. Ello, pese a que la Unión Europea y países como México, EEUU, Colombia, Perú y Canadá reconocieron a las autoridades hondureñas surgidas de una elección legítima.
El canciller chileno ha dicho que, ahora que el gobierno ha recibido el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Honduras, nuestro embajador puede retornar a Tegucigalpa. No obstante, las razones para dar ese paso existían desde que el país centroamericano tomó las medidas para superar por la vía democrática, y de cara a la comunidad internacional, su grave crisis política.
Hubiera sido deseable que el gobierno de Chile valorara antes esos esfuerzos, pues al haber esperado hasta ahora es difícil evitar la impresión de que consideraciones erradas de orden táctico pesaron más en su análisis que las convicciones democráticas.