Errores que no se pueden volver a cometer

SEGUN LOS encargados de la operación para ubicar a los trabajadores atrapados en la mina San José, el fracaso este jueves de una de las sondas con las cuales se intenta encontrar a los mineros se debió a que los planos del yacimiento son imprecisos. Esto se suma a diversos antecedentes que han ido saliendo a la luz en los últimos días sobre las condiciones de seguridad en la faena, los cuales sugieren que la mina no debió haber estado operando cuando ocurrió el accidente.

Lo anterior no supone un juicio sobre la naturaleza del derrumbe en el túnel ni sobre los detalles técnicos que es preciso conocer para entender lo que pasó. En efecto, y como han insistido los dueños de la empresa, eso requiere una investigación minuciosa, cuyas conclusiones habrá que esperar. Pero precisamente porque la minería es una actividad compleja, peligrosa y sujeta a muchos imponderables, existe un sistema de normas e instituciones encargado de fijar y hacer respetar criterios que reduzcan el margen de riesgo. Al parecer, ese sistema no funcionó debidamente en este caso.

El historial de la mina San José incluye varios accidentes graves, incluso uno fatal, que motivó su cierre en 2007. El recién destituido director del Sernageomin declaró esta semana que la reapertura de la mina, en 2008, no se decretó siguiendo el procedimiento -a través de una resolución y no de un oficio, como ocurrió- y que el documento no fue firmado por quien correspondía.

A eso se agregan los testimonios de expertos que han entrado a la faena tras el accidente respecto de la aparente falta de elementos estructurales de seguridad, complementados por las declaraciones a la prensa del ex superintendente de prevención de riesgos de la empresa y del experto geotécnico autor del estudio presentado a Sernageomin que permitió reabrir la mina, quienes acusan estándares de seguridad laxos e, incluso, incumplimiento de las recomendaciones del ente público. Asimismo, los reclamos contra la empresa de parte de la Asociación Chilena de Seguridad a partir de 2001 entregan contexto al informe de la Dirección del Trabajo realizado a raíz de un accidente de julio de este año -entregado al día siguiente del actual derrumbe-, que confirmó fallas en el pique. Más aún, ya en 2007 el Ministerio de Minería había recibido, por vía de un diputado, un documento que señalaba "riesgo operacional" en la faena.

Pese a todo, ni la empresa ni las distintas autoridades -de Sernageomin, la Dirección del Trabajo o el Ministerio de Salud- iniciaron acciones a tiempo para clausurar la mina, por lo cual ésta continuó operando. Si bien en los dueños recae la primera responsabilidad de cumplir las normas de seguridad, la inoperancia de los entes públicos fiscalizadores debe, asimismo, llamar la atención. También son notorias la falta de apego a protocolos establecidos, de una definición clara de las atribuciones de cada organismo estatal y de voluntad de las autoridades a ejercer sus prerrogativas.

A raíz de este caso, el gobierno ha anunciado una reestructuración de los organismos que fiscalizan las condiciones de trabajo en varios sectores, así como una revisión de la legislación laboral. Es probable que ahí resida parte de la solución, aunque ese esfuerzo no debe implicar trabas burocráticas excesivas ni costos adicionales que hagan poco rentable actividades productivas.