Contraste entre investigaciones en el caso bombas

HAN SIDO formalizadas 15 personas por graves delitos sancionados en la Ley de Conductas Terroristas, luego de que el fiscal a cargo de la investigación las acusara de ser responsables de al menos 23 atentados y de establecer una asociación ilícita terrorista para cometerlos. 

El proceso judicial se encuentra recién en sus primeras etapas. En la medida en que avance y se evalúen las pruebas y testimonios (recabados a través de seguimientos, escuchas telefónicas, filmaciones, pericias químicas, etc.) será posible determinar si el Ministerio Público está en condiciones de acreditar la responsabilidad de los imputados, quienes alegan inocencia. Además, las investigaciones deberán continuar, ya que se indaga a otras 14 personas que también podrían tener algún grado de participación en los hechos.

 La detención de los imputados marca un hito en la investigación sobre los más de 100 bombazos ocurridos desde julio de 2005 contra bancos, iglesias, universidades, comisarías, empresas y edificios públicos, cuya autoría se han adjudicado grupos anarquistas y que han provocado inquietud en la opinión pública. Esta semana se produjeron nuevos atentados en lugares concurridos, lo que revela que se trata de un problema que aún sigue latente.

Llama la atención el marcado contraste entre la celeridad con que ha actuado la Fiscalía Sur, a cargo de la investigación desde hace dos meses como producto de una decisión del fiscal nacional, y la ausencia de resultados que marcó a las pesquisas llevadas adelante previamente por la Fiscalía Oriente, que tuvo en sus manos el llamado caso bombas. 

Autoridades del gobierno anterior, que en su momento fueron muy críticas de la labor de los fiscales especiales que lideraban la investigación, han señalado que las policías habían aportado datos que debieron haber permitido un progreso más rápido de las pesquisas. Todo indica, en efecto, que parte importante de la evidencia reunida no era ajena a esos fiscales. De hecho, no es claro qué nuevos antecedentes y pistas surgieron en los dos últimos meses para permitir los arrestos de la llamada Operación Salamandra. 

La Fiscalía Sur ha sindicado como supuestos cabecillas de la banda a dos sujetos que pertenecieron al Mapu-Lautaro y que poseen un amplio prontuario en hechos de violencia, el que incluye participación en el asesinato, en 1992, de tres escoltas del entonces intendente de Santiago, delito por el cual fueron condenados, aunque salieron en libertad hace unos años. El perfil de estos individuos hizo que figuraran desde hace tiempo en la lista de sospechosos por la seguidilla de atentados con bomba. Al mismo tiempo, el allanamiento a "casas okupa", lugar habitual de residencia de anarquistas, entregó información clave, así como el testimonio de un joven detenido hace unos años luego de que intentara asesinar a su novia, también integrante del grupo. 

Uno de los aspectos que deberán ser aclarados es la supuesta colaboración de la ex coordinadora de seguridad pública de la Intendencia Metropolitana con uno de los cabecillas del grupo acusado, a quien habría alertado de seguimientos en su contra. Al tenor de la conversación telefónica conocida entre ambos, no parece aceptable que una funcionaria pública -menos aún una que estaba en posición de acceder a información sensible- exhiba una conducta como esa, la que debe ser investigada y, si existe mérito para ello, sancionada.