A PRINCIPIOS de julio, los parlamentarios opositores de la comisión mixta que discutía el financiamiento de la reconstrucción posterremoto rechazaron los artículos del proyecto que introducían cambios en el impuesto específico a la minería. La propuesta del gobierno para modificar el royalty, argumentaron en la Concertación, era "un mal negocio para el país", por lo que la oposición presentaría una propuesta alternativa. Dada la urgencia -según el oficialismo y la oposición- de contar con los recursos adicionales que entregaría el nuevo royalty, la opinión pública entendió que la Concertación no demoraría en entregar dicha propuesta.
Transcurridos casi dos meses, no sólo no ha ocurrido aquello, sino que la discusión del royalty parece haberse transformado en una suerte de "test de unidad" para la Concertación. De hecho, aunque a principios de este mes los representantes de los partidos del conglomerado opositor se reunieron para aunar criterios sobre la propuesta que entregarían al gobierno por esos días, finalmente no llegaron a acuerdo.
Ante la tardanza de la oposición para entregar sus planteamientos en esta materia, es posible que el gobierno -que ha mostrado disposición a consensuar cambios al royalty con la Concertación- presente al Congreso su propia propuesta la próxima semana. Es previsible que ello genere críticas desde la oposición y qué ésta se oponga, o presente fuertes reparos, a la iniciativa gubernamental. Sin embargo, es la incapacidad de la Concertación para poner de acuerdo a sus parlamentarios en un tema relevante la que estará obligando a La Moneda a no seguir esperando antes de ingresar su proyecto al Legislativo.
La Concertación deberá explicar por qué sí puede unirse para oponerse a un proyecto del gobierno, pero no para plantear sus propias ideas.