La "agenda democrática" requiere un análisis cuidadoso

EL GOBIERNO ha anunciado el envío al Congreso de tres proyectos de ley que abordan temas de transparencia y participación ciudadana. Por su relevancia, requieren de un análisis profundo, que permita determinar con exactitud sus alcances y su eficacia para lograr los loables fines perseguidos. 

Un ejemplo de lo que se señala es el proyecto para facilitar  plebiscitos comunales, lo que aparece en principio como un avance pro participación. Sin embargo, y asumiendo las lecciones que entregan las consultas ya realizadas, es indispensable acotar las materias plebiscitables, a fin de evitar que se transformen en un virtual abandono de la obligación que tienen las autoridades locales de velar por el desarrollo armónico de sus comunas. En el extremo, si cada medida que causa efectos negativos a una parte de la población -una vía rápida o la edificación en altura- es sometida a votación, el desarrollo local puede verse estancado. 

Colaboraría a resolver estos conflictos que se establezcan con claridad las regulaciones urbanas, para que las personas puedan tomar sus decisiones de manera informada y luego no sufran cambios que afectan indebidamente sus derechos. Diferente es el caso cuando la materia consultada es la mejor forma de aplicar programas donde, existiendo diferentes alternativas, se busca conocer mejor las preferencias y prioridades de los vecinos sobre algún punto en discusión. 

El segundo de los proyectos busca establecer la iniciativa popular de ley, de manera que quienes junten un determinado número de firmas puedan forzar a que el Congreso se pronuncie sobre un asunto. En el fondo, aprobar esta propuesta supondría reconocer que los canales de participación vigentes -la iniciativa de ley del Presidente, de los 120 diputados y de los 38 senadores- no estarían cumpliendo adecuadamente su rol y se requiere un camino más "directo" al efecto. 

La iniciativa popular de ley conlleva consecuencias que pueden ser contraproducentes, como la exageración de la importancia de los grupos de interés organizados, que cuentan con los recursos y la capacidad para utilizar estas herramientas. Puede significar también una frustración adicional a quienes lo vean como un canal de participación, porque serán en definitiva los colegisladores quienes definan si les dan curso a las propuestas.

Cabría en todo caso analizar en conjunto con esta propuesta otra más cercana a la realidad cotidiana de la gente, como sería generar una acción popular para requerir del Tribunal Constitucional que se derogue una norma legal aprobada, cuando ella afecte indebidamente los derechos de las personas y  el Congreso no haya reparado en ello.

La tercera de las iniciativas, y que probablemente tendrá el trámite más expedito, es la que busca perfeccionar la normativa que regula los conflictos de interés, aumentando el número de autoridades obligadas a presentar las declaraciones y estableciendo con mayor precisión y amplitud los intereses que deben ser declarados. Se trata de una propuesta necesaria para evitar que modalidades como la propiedad indirecta de bienes a través de sociedades impida conocer con claridad los verdaderos intereses de la autoridad que los declara.