Efectos de la discrecionalidad gubernamental

LA INTERVENCION directa y discrecional de La Moneda para impedir la construcción de la central termoeléctrica Barrancones, abre espacio a la multiplicación de las presiones destinadas a obtener iguales resultados en otros proyectos pendientes, generando, además, una incertidumbre asociada a todos aquellos sectores donde pueden existir intereses afectados.

En todos estos casos es la vigencia y respeto a los procedimientos y requisitos legales la que permite resolver los conflictos y conjugar los diferentes intereses y efectos envueltos, por lo que la pérdida de certeza al respecto puede representar un daño significativo al funcionamiento de la institucionalidad económica.

Son ilustrativas al respecto las recientes declaraciones de dos senadores -uno oficialista y otro opositor- que reflejan con meridiana claridad la manera en que muchos interpretan la vía que tomó La Moneda la semana pasada. El senador Larraín, de la UDI, manifestó que al oponerse al proyecto energético "el Presidente jugó una tesis nueva de que no puede haber estas centrales donde hay un santuario de la naturaleza (como la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt). Siguiendo ese criterio, debiéramos esperar una solución similar" respecto de la proyectada central Los Robles, en la Séptima Región. Por su parte, el senador Navarro, del MAS, quien se opone a la construcción de una termoeléctrica en Coronel, dijo que "Piñera abrió una puerta a un cambio de la institucionalidad". Durante el fin de semana, otros legisladores manifestaron su rechazo a la construcción de varias centrales en proyecto, ya sea cuestionando los permisos ambientales que han obtenido o su cercanía con entornos naturales que estiman dignos de una protección especial.

El Mandatario dijo ayer estar convencido de haber actuado "dentro de la institucionalidad y del estado de derecho" y "remarcó el carácter "excepcional" de su intervención. Con todo, esa aseveración no parece suficiente para despejar la idea de que La Moneda está dispuesta a intervenir en aquellos casos, como el de Barrancones, en que un alto grado de presión pública -condensada en pocos días y sin el debate que requieren estas materias- parezca lo políticamente conveniente. 

La posibilidad de impedir por esta vía aquellos proyectos que han obtenido los permisos conforme al marco legal que el país se ha dado puede ser también aplicable a otros ámbitos donde se dan los mismos conflictos -como la instalación de cárceles o vertederos- cuya ubicación es siempre fuente de polémica. Si la protección de una especie animal motivó la reubicación de una central energética, ¿por qué no deberían ser atendidos los reclamos de quienes se rehúsan a la instalación en sus barrios de obras que pueden afectar negativamente su calidad de vida, aun cuando éstas hayan sido aprobadas por todas las instancias institucionales? 

Si el caso de Barrancones, como sostiene el gobierno, puso en evidencia fallas en la legislación ambiental, es preciso señalar lo antes posible cuáles son y de qué forma se pretende arreglarlas. Ante las exigencias de revisar otras centrales -y puesto que el país necesita que la generación de energía crezca junto con la demanda, o bien arrriesga llegar a un cuello de botella en su desarrollo- el gobierno deberá fijar criterios concretos y respetarlos.