Luces y sombras en las medidas para el Transantiago

EL GOBIERNO anunció la semana pasada una serie de cambios al Transantiago que debieran estar implementados a partir de 2012. Dado que el transporte capitalino, contrariamente a lo que aseguraron sus diseñadores, se ha convertido en una pesada carga para el Fisco, es positivo que las autoridades den señales de contarlo entre sus prioridades. Las medidas apuntan a introducir mejoras de fondo a un sistema que el ministro de Transportes calificó en estas páginas "un megaerror de política pública heredado de los gobiernos anteriores".

Además de elevar una calidad de servicio que aún está muy por debajo de la que esperan los usuarios -y de lo que se les prometió en su momento-, el principal desafío de las autoridades es enfrentar el déficit financiero del sistema. Este no sólo exige subsidios que jamás estuvieron contemplados en su diseño, sino que depende de ellos, en cantidades que han ido en aumento a lo largo de tres años y medio de operación. Cualquier reforma al sistema debe considerar que este es el primer escollo a superar, pero las medidas anunciadas no atacan directamente ni el déficit ni uno de sus componentes: la evasión.

El énfasis de las autoridades parece estar en aumentar la eficiencia del sistema para que, de esa manera, entregue una mejor calidad de servicio. Para ello, por ejemplo, se propone extender los recorridos alimentadores, de modo que disminuya el número de transbordos; también se planea reducir de 10 a siete las áreas alimentadoras en la capital, para optimizar los trayectos según la demanda de pasajeros. 

Asimismo, la idea de introducir cuotas de competencia entre los operadores -aunque evitando volver a las "carreras por el pasajero" del antiguo sistema- parece apuntar en la dirección correcta, al igual que la modalidad de remuneración por pasajero transportado y kilómetro recorrido. Es positivo también que se haya anunciado una implementación gradual de estos cambios, de manera de evitar shocks como el que ocurrió al implementarse el plan en febrero de 2007 y de poder probar en terreno la viabilidad de las soluciones propuestas.

Pese a estar bien orientadas, tanto éstas como las otras medidas anunciadas adolecen de una falta de mecanismos conocidos para evaluar sus resultados y de objetivos claros contra los cuales medirlos. El gobierno no entregó sus cálculos, por ejemplo, respecto del porcentaje de transbordos que espera reducir con los cambios que contempla, en qué proporción disminuirán los tiempos de espera o aumentará la frecuencia de recorridos, ni de cuánto costará implementar las medidas que anunció. Es importante que pronto se hagan públicos los parámetros de mejoría esperados, para que puedan ser discutidos y analizados con tiempo, evitando así la repetición de los errores de la puesta en marcha del Transantiago. 

En suma, los cambios presentados sugieren una reformulación de aspectos centrales del plan de transportes urbano. Se echa de menos, sin embargo, un planteamiento más global, que dé cuenta de una reforma integral de esta política pública. Dicha reforma debe avanzar de manera responsable hacia el retiro de los onerosos subsidios que permiten hoy la operación del sistema. No debe ocurrir que este gobierno termine haciendo lo mismo que le ha criticado al anterior: heredar a su sucesor un programa desfinanciado que obligue a buscar nuevos subsidios para evitar presiones sociales.