Un error que todavía puede ser corregido

EL SENADO aprobó el miércoles un proyecto de ley que otorga el carácter laboral de "irrenunciables" a los feriados del 19 y 20 de septiembre, en una medida teñida de un indesmentible populismo, que seguramente acarreará incomodidades a buena parte de la población durante los festejos del Bicentenario y que, por lo mismo, debiera ser vetada por el gobierno.

La coincidencia hizo que este año las Fiestas Patrias cayeran en fin de semana, lo cual les quitaba brillo a los festejos del Bicentenario. Como una manera de que las celebraciones adquirieran mayor realce, se añadieron en el Congreso -no sin polémica- dos feriados, el 17 y el 20 de septiembre,  pero sin extenderles el descanso laboral irrenunciable que ya existe para los establecimientos comerciales el 18 de septiembre. Este carácter obliga al cierre de malls, grandes tiendas, supermercados, panaderías, botillerías, etc. Los sindicatos de trabajadores del comercio reclamaron por lo que identificaron como una discriminación en su contra y presionaron para que los parlamentarios se inclinaran por la opción de tres días consecutivos de descanso irrenunciable, gestión en la que tuvieron éxito.

Las Fiestas Patrias del Bicentenario son una ocasión para que todo el país celebre. Pero existen actividades que deben seguir realizándose para comodidad y seguridad de la sociedad y el abastecimiento de bienes y servicios. En aquellos sectores que continúan laborando en días festivos se establecen sistemas de turnos y se hacen pagos suplementarios a quienes trabajan en ellos. Sólo la presión de los sindicatos del comercio y un mal entendido sentido de la justicia explican la aprobación de una ley que, en los hechos, discrimina a favor de los empleados de ese sector.

De aplicarse, esta ley provocará numerosas incomodidades a la población, que se verá obligada a comprar anticipadamente para abastecerse en unas fechas donde habitualmente el consumo de alimentos y bebidas crece de manera pronunciada. Es esperable que se produzcan atochamientos de última hora y que una parte no despreciable del público quede mal abastecida. Rutinas cotidianas como la compra del pan o de las tradicionales empanadas serán trastornadas. Además, los malls, supermercados y todos los negocios que durante Fiestas Patrias atienden un número importante de clientes sufrirán un perjuicio económico. 

No es aceptable que varios de los senadores que aprobaron el proyecto de ley culpen al gobierno, deslindando sus propias responsabilidades y su falta de capacidad para legislar poniendo en primer lugar el bien común, sin sucumbir ante presiones provenientes de un sector sindical. Esto no significa, sin embargo, que el Ejecutivo haya hecho todo lo necesario para evitar la aprobación de la ley. El gobierno reaccionó muy tarde y sólo al final de la discusión impulsó una indicación que introducía un pago de 50% adicional a quienes laboraran en estas fechas; tampoco se jugó por una negociación política intensa con los parlamentarios al no enviar a los ministros de Interior y de la Secretaría General de la Presidencia -sólo concurrió la ministra del Trabajo- a Valparaíso el día de la votación. La Moneda tiene ahora 30 días para promulgar o vetar el proyecto aprobado por el Congreso. Esto significa que aún queda tiempo para que impida la aplicación de una medida que amenaza con estropear a muchos chilenos la celebración del Bicentenario.