Esta semana se llevó a cabo el traspaso definitivo de Chilevisión al consorcio de comunicaciones norteamericano Turner Broadcasting System (TBS), a través de la venta de la propiedad que detentaba sobre la estación televisiva el Presidente Sebastián Piñera. Este paso debe ser destacado positivamente, porque significa el cumplimiento de un compromiso asumido durante la campaña presidencial, que permite de una vez dar por superadas las objeciones que se habían formulado respecto de esa propiedad y los conflictos de interés que de ella emanaban.
Despejada esta situación, se abre ahora la oportunidad de que el gobierno retome la discusión de los proyectos que -como el dedicado regular la televisión digital- habían quedado diferidos por la resistencia a discutirlos de la oposición, y también de sectores al interior del oficialismo, mientras no quedara zanjado el tema de Chilevisión, y también de que impulse las definiciones que se requieren para no retardar el desarrollo del país en este importante sector de las telecomunicaciones.
En la última campaña presidencial, el actual Mandatario enfrentó severos cuestionamientos de parte de las candidaturas rivales por los conflictos de interés que se derivaban de la propiedad de empresas de gran relevancia y cuya operación estaba afecta a regulaciones y la fiscalización de autoridades dependientes del Ejecutivo, como los casos de Lan Airlines y de Chilevisión. En lo que tiene relación con la industria televisiva, además, se encontraban pendientes importantes definiciones acerca de los modelos de TV digital que adoptaría el país, así como regulaciones más generales del sector.
El entonces candidato enfrentó las críticas comprometiendo la enajenación de Lan y otras inversiones, y el otorgamiento de un estatuto de autonomía para la estación televisiva, a través de la creación de una fundación que manejaría el canal. Sin embargo, estos pasos no fueron materializados de manera satisfactoria antes de que asumiera el gobierno, lo que renovó las críticas y terminó por contaminar el debate acerca de proyectos y nombramientos vinculados al área.
En el caso de Chilevisión, particularmente, las dudas surgidas sobre la certeza de los derechos sobre la concesión televisiva, de propiedad de la Universidad de Chile y arrendada a Sebastián Piñera, generaron en algún momento obstáculos adicionales a la concreción de la operación. Estos inconvenientes, de acuerdo con la información proporcionada, han sido resueltos ahora, lo que facilitó la operación llevada adelante por TBS, la cual ha anunciado que, junto con adquirir el 100% del canal, también comprará nuevos terrenos donde levantará nuevas instalaciones.
Una de las conclusiones que deberían sacarse de este episodio es la conveniencia de que, a la mayor brevedad posible, y con una sana distancia de los procesos electorales, se definan con claridad los criterios para precisar los conflictos de interés que resultan incompatibles con el desempeño de funciones públicas, así como la forma en que deben ser transparentados y resueltos. Hasta ahora este tema ha resultado en muchos casos más bien una herramienta de disputa electoral que una preocupación de fondo, dada la falta de interés respecto de él una vez que finalizan las campañas y se extingue el atractivo político por sacar ventajas de su explotación.
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