EN EL SEGUNDO semestre de 2008 ingresó al sistema de evaluación ambiental el megaproyecto de generación hidroeléctrica HidroAysén, que propone construir cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, con una capacidad de 2.750 MW y una inversión que bordea los US$ 3.200 millones. Luego de recoger las inquietudes de diversos grupos, las autoridades ambientales plantearon inicialmente un conjunto de 2.698 observaciones al proyecto, que la empresa terminó de contestar en octubre de 2009; luego vino un segundo grupo, de 1.149 consultas, que fueron abordadas hacia fines de 2010. Ahora, Endesa y Colbún -las empresas propietarias del proyecto- han contestado un tercer grupo de 199 consultas transmitidas por la autoridad ambiental de la Región de Aysén, que deberá analizarlas y votar su aprobación o rechazo hacia mediados de mayo, cuando vence el plazo legal de 24 días hábiles fijado para ello. Lo acotado del plazo permite suponer que no habrá una cuarta ronda de consultas y que los organismos estatales ya han formulado todas las preguntas que, a su juicio, ameritaban respuesta.
Desde la perspectiva de la tramitación ambiental, HidroAysén ha seguido todos los pasos fijados por la institucionalidad y las autoridades han recogido a lo largo del proceso los numerosos cuestionamientos de los detractores del proyecto. Aunque el objetivo de éstos es impedir la construcción de las centrales, difícilmente se podría argumentar que el estudio ambiental se ha hecho de espaldas a la opinión pública o en función de pautas y plazos establecidos para favorecer a la empresa. La ciudadanía, de hecho, ha tenido una mejor oportunidad de formarse una opinión gracias a las activas campañas publicitarias en favor y en contra del proyecto desplegadas en medios de comunicación a lo largo del país. Habiéndose cumplido con los requisitos fijados por ley -sin perjuicio de que pudiera haber reparos a algunas de las últimas 199 respuestas-, la autoridad debe entregar su decisión. Lo que no puede ocurrir es que factores exógenos al análisis medioambiental -políticos o comunicacionales, por ejemplo- retrasen una conclusión definitiva.
Es bien sabido que Chile enfrenta un panorama energético complejo en el mediano y largo plazo, pues la capacidad de su parque generador no crece al mismo ritmo que la demanda, una brecha que irá en aumento a medida que el mayor nivel de desarrollo del país eleva el consumo eléctrico de industrias y particulares. Ante este escenario, la hidroelectricidad ofrece una alternativa barata, eficiente y limpia de generación de energía, aprovechando un recurso renovable. Esto es rechazado por grupos que estiman que la intervención del entorno natural que suponen proyectos de ese tipo, especialmente los de mayor envergadura, produce una pérdida ecológica que no es suficientemente compensada por el aumento en generación y sus ventajas. Como alternativa proponen las energías renovables no convencionales, pero parecen no considerar que su costo las hace inviables para un país en desarrollo como el nuestro, y que incluso en naciones desarrolladas, con una alta preocupación por la protección ambiental, ellas no representan más que una cuota menor -y altamente subsidiada- de sus matrices energéticas.
Esta legítima discusión no puede implicar el retraso o paralización de proyectos que cumplen con la normativa vigente, pues ese es el único estándar exigible a las empresas que invierten en el sector.
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