El aporte de las universidades privadas

LA ERRADA lógica con la cual distintos actores del movimiento estudiantil y del mundo político -especialmente en la oposición- han abordado los problemas en la educación ha sido reafirmada por diversas declaraciones en el sentido de que el actual sistema no requiere sólo cambios y correcciones, pues habría demostrado su fracaso, sino una completa reformulación. Esa forma de entender el problema, que implica que todo esfuerzo por mejorar la educación pasa necesariamente por hacer tabula rasa y empezar de cero, revela dos cosas: por un lado, desconocimiento de la realidad educativa surgida de los últimos 30 años y un diagnóstico equivocado que señala al lucro como causa principal de los problemas de calidad y financiamiento; por otro, esa postura maximalista del todo o nada, la cual priva de sentido a cualquier negociación seria, lo que hace muy difícil que puedan fructificar los intentos de diálogo constructivo.

La incorporación de universidades privadas al sistema de educación superior ha sido la vía por la cual amplios sectores de la sociedad han podido contar con oportunidades de desarrollo personal y profesional como nunca antes en la historia de Chile. No habría sido posible lograr el aumento de la población en la educación superior sin esa contribución: son casi 300 mil alumnos los que asisten a planteles privados, lo que representa la mitad de la matrícula total de la educación superior. Esto equivale hoy al 40% de la población de entre 18 y 24 años en edad de estudiar (versus 15% en 1990).

La demonización del lucro desconoce, además, el aporte que hacen las universidades privadas a la formación de los jóvenes provenientes de hogares de menores ingresos, que asisten a colegios municipales y subvencionados y que obtienen bajos resultados en la PSU, lo que les cierra el acceso a las universidades tradicionales que apuntan a los con mejores puntajes. Paradójicamente, esos alumnos, que requieren más ayuda para proseguir sus estudios, reciben menos recursos del Estado que sus compañeros en los planteles del Consejo de Rectores (Cruch). De hecho, cerca del 60% de los aportes fiscales al Cruch beneficia a los alumnos del cuarto y quinto quintil, en lugar de a los más desfavorecidos.

La propiedad de un establecimiento educacional -pública o privada- no es el factor determinante en la variable que más debiera interesar al movimiento estudiantil: la calidad de la educación. Ciertamente, hoy existen problemas en este ámbito que deben ser corregidos, pero ellos existen tanto en los planteles públicos como privados. La diferencia es que en los privados aparecen más inaceptables, porque el costo lo pagan directamente las familias, mientras que en los públicos el costo lo paga el presupuesto fiscal.

La idea de eliminar la posibilidad de que los establecimientos de educación puedan reportar ganancias a quienes invierten en su creación y mantenimiento, concepto estigmatizado a través de la palabra "lucro",  reduciría severamente la generación de oportunidades para más sectores de la población, limitaría la competencia y también la diversidad en la oferta educativa. El gobierno acierta al poner énfasis en hacer correcciones -por ejemplo, reducir la tasa del Crédito con Aval del Estado (CAE) para igualarla a la del Fondo Solidario que utilizan los alumnos de las universidades tradicionales-, en lugar de sustituir por completo el sistema educacional chileno, como algunos han sugerido.