PARALELAMENTE a la discusión presupuestaria que se está desarrollando en el Congreso, se ha iniciado el debate sobre el reajuste anual de salarios de los empleados fiscales. De acuerdo con lo señalado por los dirigentes de los trabajadores del sector público que participarán en el proceso, su propósito es presentar en los próximos días una propuesta formal al Ejecutivo solicitando un reajuste del 9,8% (el que se aprobó el año pasado fue de 4,2%, versus el 8,9% que pedían originalmente los trabajadores).
Si bien las tratativas se iniciarán una vez que se apruebe el presupuesto nacional, es importante que tanto La Moneda como los empleados fiscales enfrenten este proceso con la racionalidad y disposición necesarias para poder arribar a un buen acuerdo. Esto, teniendo en consideración la necesidad de preservar el equilibrio en las cuentas fiscales, especialmente en la coyuntura de incertidumbre generada por la compleja situación económica internacional.
Al respecto, las advertencias del presidente de la Anef, en cuanto a que los funcionarios realizarán "todas las acciones que sean necesarias para conseguir el mejor reajuste", parecen poco afortunadas, pues otorgan una tensión inconveniente al inicio del proceso.
Es necesario que las autoridades aporten antecedentes sobre la evolución de la productividad en el sector público, aspecto que debe ser considerado en la negociación. También, es la oportunidad de que se analice si están funcionando los sistemas de evaluación y de incentivos por desempeño, de manera que la estructura de remuneraciones cumpla con su rol de promover la eficiencia en la gestión y el buen uso de los recursos fiscales.
La complejidad en las tareas que debe asumir el Estado requiere contar con una fuerza laboral preparada y eficiente, donde la herramienta de una adecuada estructura de remuneraciones e incentivos resulta indispensable. Sería deseable que el debate salarial del sector público evolucione crecientemente en esta dirección.