A PROPOSITO de los graves accidentes de tránsito ocurridos recientemente, en los que se han visto envueltos buses de transporte interurbano, autoridades de gobierno han señalado que estos y otros casos ameritarían la creación de una Superintendencia de Transporte, que asumiera la fiscalización de estas empresas.
No cabe desestimar la gravedad de estos accidentes ni la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para evitar su ocurrencia, pero esto no equivale a sostener que la solución sea que se dicten más leyes, se establezcan nuevos delitos o se creen más superintendencias u otras reparticiones públicas. Lo primero que cabe hacer en estos casos es establecer con claridad las causas que motivan los accidentes u otros hechos que se pretende evitar y luego determinar si ha habido un mal funcionamiento de los sistemas de fiscalización, que ya existen. A menudo estos son numerosos y el problema radica en que quienes deben ejecutarlos y operarlos no están cumpliendo a cabalidad con su función ni ejerciendo las atribuciones que les otorga la ley. Pese a ello, la revisión de la ejecución de los procedimientos y protocolos acordados muchas veces se elude, porque las autoridades corren el peligro de que llegue a ellas la responsabilidad por mala gestión o supervisión.
La creación de nuevas superintendencias u otros aparatos burocráticos debería ser condicionada al cumplimiento de exigentes requisitos técnicos y económicos que la justifiquen, porque una vez creado, es virtualmente imposible que el organismo no destine múltiples recursos a justificar no sólo su existencia, sino también su rápida ampliación. La relativa abundancia de recursos fiscales de la que ha gozado Chile en los últimos años parece haber relajado los criterios para la adopción de este necesario examen previo.
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