Avances y amenazas en las cifras de desempleo

EL INSTITUTO Nacional de Estadísticas dio a conocer las cifras laborales correspondientes al cierre de 2011. Respecto del mismo período de 2010, aumentaron la fuerza de trabajo en 2,3% y el número de ocupados en 2,9%, con lo que éstos alcanzaron un total de 7.564.350 personas. Por otro lado, disminuyó la tasa de desocupación, hasta el 6,6% de la fuerza de trabajo, lo que es una reducción de medio punto porcentual en el año. Estas son buenas noticias, en la medida en que representan una vuelta a tasas de desocupación más cercanas al pleno empleo, tras muchos años caracterizados por desempleos elevados. 

Si bien en el período reciente hubo dificultades para interpretar las cifras del INE, luego de cambios metodológicos, los datos mencionados parecen reflejar confiablemente una mejor situación laboral, consistente con la expectativa de que el PIB haya crecido 6,2% en 2011. De hecho, las cifras recientes para Santiago, medidas a través de las encuestas hechas por la Universidad de Chile, también muestran guarismos muy positivos, con una tasa de desocupación de 6,2% a diciembre de 2011, que sería el mejor registro desde 1997. El gobierno ha enfatizado también que estas cifras representan un incremento en el empleo en 600.000 ocupaciones en lo que va corrido de su gestión.

Siendo comparativamente muy favorable, la situación laboral alcanzada también contiene elementos de preocupación. Uno es que a nivel del país, sectores significativos de la producción de bienes que se transan internacionalmente -como industria y agricultura- perdieron un número relevante de empleos durante 2011. En definitiva, la mayor actividad en servicios (educación, salud, servicio doméstico, actividades inmobiliarias) y un aumento en los empleos públicos están compensando crecimiento más débil, o franca disminución en el empleo, en la producción de bienes transables. Una situación como esta, si es sostenida en el tiempo, consolida cambios en la estructura productiva del país, que dificultan la situación laboral cuando el ritmo de actividad agregada decae, ante cambios en el ciclo económico. La autoridad macroeconómica, particularmente a través de la política fiscal, tiene la responsabilidad de evitar ese tipo de riesgo.

Otra gran preocupación es el bajo nivel de participación de la población en la fuerza de trabajo, particularmente en el caso de mujeres, agravado por lo que parece ser una tendencia a caídas en las tasas de participación masculina. Esto es de importancia económica y social. Hay fuerte consenso en que mayor participación laboral y más empleo son la vía eficaz para aumentar el bienestar y mejorar la distribución de ingresos en el país. Pero una evolución en este sentido no se ha dado, ni parece que vaya a darse, entre otras razones, por regulaciones laborales chilenas, que no están en discusión. La Ocde ha detectado, por ejemplo, en las indemnizaciones por despido, una fuente de segmentación laboral, precariedad en los empleos y una causa fundamental para la mala distribución del ingreso en Chile. La discusión de temas como éste confronta intereses importantes, pero, por su carácter clave para el bienestar de gran parte de la población, debería tener alta prioridad en la agenda gubernamental y parlamentaria. Restarle esa prioridad priva de expectativas de mejoramiento a los sectores que deberían estar en el centro de las preocupaciones del Ejecutivo y el Congreso.