EN EL MARCO de la controversia que despertó la aprobación de modificaciones al proyecto que regula el consumo del tabaco, el ministro de Salud afirmó que la industria del sector ha ejercido acciones de lobby para promover cambios al proyecto presentado por el gobierno que se discute en el Congreso. Dichas acciones, según el ministro, habrían sido realizadas a través de visitas al gobierno y a los parlamentarios, aunque en su caso aseguró no haber recibido a las tabacaleras. No queda claro si la afirmación del titular de Salud pretendía acusar una situación irregular -en cuyo caso correspondería responsablemente hacer las denuncias pertinentes- o solamente constatar el hecho objetivo de la existencia del lobby como "dato de la causa", en palabras del secretario de Estado.
Nada tiene de sorprendente, si se trata de esto último, que los actores de una industria que se verá profundamente afectada por una legislación busquen representar ante la autoridad y los parlamentarios su inquietud por el tema y pretendan convencerlos con sus argumentos, lo que, por lo demás, es un derecho expresamente garantizado en la Constitución.
El lobby es una actividad no regulada en Chile y no corresponde pretender de las empresas que, a la espera de que lo sea, no traten de participar legítimamente en la discusión de proyectos que las afectan. Cabe al gobierno enmendar el mal enfocado proyecto que está hace años en el Congreso y que pone énfasis en la creación de un listado de lobbystas antes que en normas que ayuden a conocer con quiénes se reúnen las autoridades.
El Ejecutivo ha anunciado que presentará en el primer semestre una indicación en este último sentido. De materializarse, esa iniciativa permitiría regular la actividad, limitar las suspicacias y dar un paso en favor de la transparencia.
Grupo Copesa Derechos reservados
Se prohíbe expresamente la reproducción o copia de los contenidos es legal en este sitio sin el expreso consentimiento de Grupo Copesa.
