EL GOBIERNO anunció recientemente que está analizando la posibilidad de enviar en marzo al Congreso un proyecto de ley con el propósito de establecer un subsidio permanente al Transantiago, que busca financiar al menos el 45% del costo total del sistema (actualmente cubre el 37%). La iniciativa está precedida de un fuerte debate por una nueva alza de 20 pesos que experimentó el servicio a partir del 1 de febrero. La preocupación del Ejecutivo apunta a que en caso de no inyectarse mayores recursos al sistema (hasta ahora se han otorgado subsidios por casi US$ 3 mil millones), la tarifa de los buses podría llegar este año a los 620 pesos, monto que fue proyectado en la ley de financiamiento de 2010. Esta situación se agrava considerando la disminución de los aportes estatales transitorios, que caerán 53%, pasando de 209.000 millones de pesos en 2011 a 97.000 millones este año.
Independiente de la validez que puedan tener los argumentos presentados por el gobierno para justificar la necesidad de establecer un subsidio permanente al Transantiago, es fundamental que antes de discutir cualquier iniciativa en este sentido, el Ejecutivo se comprometa a entregar cuál será el modelo definitivo que se aplicará en el sistema de transporte capitalino, el que desde su inicio en 2007 ha sufrido una serie de cambios y modificaciones, los que, sin embargo, no han resuelto sus problemas de fondo, deficiencias que continúan afectando la calidad del servicio que entrega el Transantiago y perjudicando la calidad de vida de los usuarios que lo utilizan diariamente. En esta materia, el gobierno debe ser cuidadoso, porque se hace insostenible que se siga aumentando la alta carga que ya soporta el Estado por este concepto, si ello no va alineado con el término definitivo de los problemas que aún persisten y que habrá que ver si se logran resolver con la aplicación de los nuevos contratos con los operadores. Solicitar un subsidio permanente sin asegurar mejorías y con el sólo objetivo de evitar que aumente el valor de los pasajes sería una mala señal, ya que develaría que detrás de esta medida prevalece sólo un interés político-electoral por evitar los costos que podrían provocar las alzas, en un año marcado por los comicios municipales.
Plantear un subsidio permanente para el Transantiago es asumir la incapacidad para subsanar otra de las tantas promesas incumplidas del sistema. Hay que recordar que el plan original contemplaba que éste debía autofinanciarse, propósito que se vería postergado indefinidamente con esta iniciativa. Si a ello sumamos los retrasos en la construcción de infraestructura, problemas con las frecuencias de los buses y escaso ahorro en los tiempos de viajes, entre otros, no parece oportuno inyectar nuevos recursos sin antes fijar públicamente estrictas condiciones. De concretarse, el otorgamiento de nuevos y mayores recursos debe ir ligado a un efectivo cambio de fondo y a la resolución de los temas pendientes.
Otro punto a evaluar antes de enviar un proyecto al Congreso son los alcances del mismo. Algunos parlamentarios han señalado estar de acuerdo con la iniciativa, siempre que ésta incorpore recursos a regiones, como ya ocurre con los denominados subsidios espejo que se han entregado anteriormente, lo que puede significar una carga aún mayor al erario. Cualquier decisión que adopte el gobierno debe atender estas consideraciones y velar por el uso eficiente y racional de los recursos de todos.