CON LA PUESTA en marcha en abril próximo en la capital del megaproyecto Costanera Center, que incluye la torre más alta de Sudamérica, hoteles, un centro comercial y 4.500 estacionamientos, diversos especialistas han anticipado un verdadero caos en el tránsito vehicular en las horas de mayor afluencia en el sector, que ya enfrenta severos problemas de congestión debido al gran crecimiento que ha experimentado en los últimos años.
Aunque los efectos sobre el entorno fueron anticipados desde un inicio y si bien se anunciaron mitigaciones, se ha llegado casi al momento de la inauguración sin concretar todas las acciones necesarias. Recientemente, el ministro de Transportes señaló que se están estudiando medidas adicionales de mitigación, frente a lo que cabe preguntarse por qué no fueron contempladas antes, en circunstancias que el Ministerio de Obras Públicas encargó en 2006 a un grupo de expertos un estudio, que fue conocido en 2007. Entre las medidas recomendadas estaba la eliminación de la rotonda Pérez Zujovic y la existencia de un túnel por debajo de la avenida Andrés Bello, que conecte el megaproyecto con la Costanera Sur hacia arriba, obras que no tienen una fecha precisa de realización y término. Además, el propietario construyó un puente sobre el río Mapocho, como le fue exigido, obra que según algunos podría contribuir a aumentar el flujo vehicular en la zona.
La responsabilidad de la situación anotada es primordialmente de la autoridad, a la que corresponde establecer las exigencias de mitigación para aprobar las iniciativas que provocarán impacto en el entorno y un cronograma preciso para concretarlas antes de entrar en funcionamiento. Es evidente que en este caso ha prevalecido una falta de claridad en las atribuciones y competencias de los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Transportes y las tres municipalidades involucradas. Por el contrario, no parece tenerlas el gobierno regional, que es el nivel que en muchos países se radican las instancias de decisión y las atribuciones ejecutivas en obras y proyecto cuyos efectos superan el ámbito meramente comunal, correspondiéndoles a los ministerios una función exclusivamente normativa y de planificación, lo que evidencia un diseño institucional inadecuado. Se suma a lo anterior una falta de transparencia, pues no hay información disponible que habilite a la ciudadanía saber con certeza cuáles fueron las exigencias que se hicieron al inversionista, ni qué obras son de su cargo y cuáles de organismos públicos.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, ha anunciado un proyecto de ley para extender la obligación de mitigar impactos a otras edificaciones que estando hoy bajo el umbral legal, en conjunto con otras los provocan en forma significativa, lo que es correcto, y contemplar la posibilidad de un pago, en vez del proceso de negociación de mitigaciones que muchas veces merece dudas. Respecto de ello, es necesario que haya una metodología confiable para discernir los costos que deben asumir los desarrolladores de los proyectos y los que competen a la comunidad, porque puede que no todos sean atribuibles a los primeros. Por otra parte, se requiere de un diseño institucional que establezca competencias precisas, para que no se repitan indefiniciones como las que se han afectado al centro comercial próximo a inaugurarse.
Su trabajo les exige lucir perfectas frente a las cámaras y en las grandes ceremonias, sin embargo cuando no usan cosméticos se ven como mujeres comunes y corrientes. A continuación te mostramos qué aspecto tienen algunas chicas de Hollywood con y sin la ayuda mágica de los productos de belleza.
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