EL GOBIERNO argentino formalizó este viernes una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra de Gran Bretaña, acusando a este país de "militarizar" el Atlántico Sur por su decisión de enviar un destructor a las islas Malvinas, justo cuando están por cumplirse 30 años desde que ambos países libraron una guerra por el control del archipiélago. El reclamo transandino también incluye una alerta por introducción de "armamento nuclear en la zona", ante la sospecha de que Gran Bretaña también enviará un submarino nuclear. La cancillería inglesa niega estas acusaciones y ha justificado su presencia militar indicando que corresponde a ejercicios de rutina, los que llevan años realizándose en aguas del Atlántico.
En los últimos meses el gobierno de Cristina Fernández ha desplegado una serie de medidas para sensibilizar a la comunidad internacional respecto de su causa y con ello crear presión hacia Gran Bretaña para que acepte negociar la soberanía de las islas. A fines de diciembre pasado logró que los países miembros del Mercosur aceptaran rechazar la recalada en sus puertos de cualquier barco que llevara la bandera del archipiélago, por considerarla ilegal al no estar reconocida internacionalmente. Chile, aunque no es miembro pleno del bloque, adhirió a la medida, y la Cancillería ha señalado que mantiene el apoyo histórico que nuestro país le ha entregado a Argentina en su reivindicación soberana.
Conforme aumenta la intensidad de las diferencias entre Argentina y Gran Bretaña, corresponde que el gobierno chileno mantenga una actitud de prudencia en este conflicto, de manera de preservar adecuadamente los delicados equilibrios que están en juego, lo cual requerirá una especial habilidad de parte de nuestra diplomacia. En ese sentido, en forma paralela al apoyo que Chile ha dado a la causa argentina, debe manifestar activamente su rechazo a cualquier tipo de restricción o bloqueo que se busque aplicar sobre las islas, pues al validar o hacerse parte de este tipo de medidas no sólo involucrarían directamente a Chile en un conflicto del que no forma parte, sino que acciones de esta naturaleza podrían vulnerar el derecho internacional y romper el principio de que este conflicto sea resuelto en un marco de diálogo bilateral, largamente sustentado por nuestro país en este ámbito.
En ese sentido, constituye una señal inconveniente de ambigüedad que las autoridades chilenas hayan planteado por anticipado que no constituiría un "obstáculo" en las relaciones con Argentina si el gobierno transandino decide suspender los acuerdos de cooperación con Londres y bloquear su espacio aéreo para el vuelo semanal que conecta a las islas con Punta Arenas, con escala en Río Gallegos. Si bien por ahora Argentina habría desistido de aplicar esa medida, sigue siendo una opción que podría reactivarse a futuro, situación que iría en desmedro de los cerca de 300 connacionales que residen o trabajan en dicho territorio.
El apoyo que Chile ha brindado a la causa soberana de Argentina no debería confundirse con un respaldo a las represalias que ese país pretenda impulsar, las que se apartan del espíritu de diálogo y respeto del derecho que nuestro país siempre ha impulsado para resolver estas diferencias.
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