Exención del pago de patentes a sociedades de inversión

Cabe estudiar un sistema que permita asumir eficientemente las obligaciones tributarias, sin necesidad de pagar los costos asociados a estas figuras jurídicas.

21/02/2012 - 04:00

Luego de varios años de discusión en distintas instancias administrativas, la Contraloría General de la República dictaminó que las sociedades de inversión no están afectas al pago de patente municipal -materia que en todo caso debería ser de competencia de los tribunales tributarios-, en la medida que no estén involucradas directamente en la producción de bienes o en la prestación de servicios. 

Lo resuelto se ajusta al espíritu de la legislación tributaria y es consistente con la naturaleza de las patentes comerciales, esto es, gravar a entidades que desarrollan una actividad comercial dentro de una comuna y que, por lo tanto, consumen servicios que presta el municipio y cuyo financiamiento debe estar asociado a quienes los utilizan. Sin embargo, cabe analizar con mayor profundidad la razón de ser del uso de las sociedades de inversión y explorar los cambios legales que permitan a los contribuyentes asumir sus obligaciones tributarias en forma eficiente y sin necesidad de pagar los costos asociados a la creación y mantención de estas figuras jurídicas.

El sistema tributario chileno está construido, entre otros aspectos, sobre la base de incentivar el ahorro y la inversión, y por eso los socios que no retiran utilidades de una sociedad, sino que las reinvierten no están afectos al impuesto global complementario por esos beneficios. Visto desde otro punto de vista, cuando se "consumen" las utilidades se gravan con impuesto, mientras que cuando se "ahorran" no existe tal gravamen. Esto es lo que explica que quienes ahorran cantidades mayores de recursos opten por la constitución de sociedades para realizar sus inversiones y así evitar el impuesto global complementario -de carácter progresivo-, mientras no destinen los dividendos para su consumo. La alternativa que hoy existe para las personas naturales es utilizar algunos sistemas especiales como los asociados al Ahorro Previsional Voluntario o los establecidos en el artículo 57 bis de la Ley de la Renta, que permiten evitar también el impuesto global complementario, pero que tienen límites en los montos que se pueden acoger a los beneficios de ese régimen.

El problema es que por el costo que involucra contar con una sociedad -constitución, contabilidad, servicios financieros-, su uso queda, en la práctica, reservado sólo para los niveles más altos de ingresos, dejando a un segmento importante de contribuyentes al margen de beneficiarse de este incentivo al ahorro. Se han formulado críticas al uso de las sociedades, cuando su fin es reducir la carga tributaria, bajo el calificativo de "elusión", pero lo cierto es que se trata de una modalidad prevista en la legislación y consistente con la finalidad de incentivar el ahorro. 

No tiene sentido que el acceso a un régimen tributario como el establecido para las sociedades esté sujeto a un alto costo administrativo, porque resulta en un gasto ineficiente de recursos y discrimina arbitrariamente en contra de los contribuyentes de ingresos medios. Convendría por ello analizar la forma de simplificar este aspecto de nuestra legislación, generando un régimen general que mantenga los beneficios asociados a la reinversión de utilidades, pero que no haga necesario incurrir en altos costos burocráticos. Bastaría para eso generar una cuenta donde cada contribuyente registre sus saldos de ahorro, permitiéndose deducir de las rentas los saldos positivos y agregar los negativos, generando en este último caso el impuesto respectivo.

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