Escasos avances en control de violencia en los estadios

NUEVOS hechos de violencia ocurridos en los estadios han revivido la discusión sobre las causas y responsables de la poca eficacia de  las medidas adoptadas para evitar su ocurrencia. Las mutuas acusaciones entre el gobierno y los presidentes de los principales clubes de fútbol, han puesto de manifiesto los escasos avances logrados en los cambios de fondo requeridos, partiendo por una decisión clara y consecuente de quitar todo apoyo a las denominadas "barras bravas".

Hace dos semanas, por ejemplo, debió suspenderse el encuentro que disputaban Iquique y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura, cuando fueron lanzados dos objetos incendiarios a la cancha, capaces de causar grave daño de haber impactado directamente a una persona. En esta oportunidad Carabineros señaló que había aplicado los controles al ingreso, pero que los barristas habían logrado ingresar las bengalas por otras vías y con la colaboración de terceros. 

Luego de lo ocurrido, el jefe del Plan Estadio Seguro -instancia gubernamental que coordina la seguridad en los estadios y la participación de las distintas entidades involucradas-, apuntó a la falta de colaboración de los clubes en la persecución de los responsables y a su colaboración con las barras como una de las causas de que continúen estos desmanes. A su vez, los presidentes de los clubes se exculparon, señalando que estaban cumpliendo con las medidas requeridas, acusando una falta de coordinación con el gobierno. Lo cierto es que periódicamente es posible apreciar hechos de violencia en los estadios, enfrentamiento entre las barras y violaciones flagrantes de la legislación dictada para prevenir y sancionar tales desmanes. De parte del gobierno se diseñaron planes para revertir esta situación, pero según se ha señalado su costo y la salida de quienes los impulsaron parecen haber dejado en suspenso cambios más profundos a las políticas impulsadas hasta ahora. Lo mismo cabe señalar de los proyectos de ley para introducir reformas para que la legislación sea eficaz en castigar a los que son identificados como responsables de los hechos. 

Según los clubes y el gobierno, hasta ahora han interpuesto numerosas acciones judiciales para sancionar a los responsables de los hechos violentos, pero las investigaciones han resultado en algunos casos infructuosas y en otros los tribunales han sido renuentes a aplicar los castigos más severos. En este punto, parece indispensable que en casos como los ocurridos en el estadio Santa Laura, quienes fueren hallados culpables de ingresar o lanzar objetos como las bengalas, sean juzgados, más que por un hecho aislado, como promotores de la violencia y responsables de las consecuencias disociadoras que se siguen de sus actos.

El gobierno debe recuperar la iniciativa en la solución de este problema, con un plan concreto de reformas a la legislación y a los procedimientos seguidos en materia de seguridad, determinando con precisión la colaboración requerida de los clubes y denunciando claramente los casos en que ella no sea otorgada.

Por su parte, los clubes deben descartar todo apoyo, expreso o tácito, a las barras y sus integrantes, única forma de terminar con el poder de quienes, desde su interior, organizan estos hechos.