Cambios en el Sipco afectan credibilidad y señal de precios

EL MINISTRO de Hacienda señaló que la aplicación del Sistema de Protección ante Variaciones de Precios Internacionales de los Combustibles (Sipco), permitió limitar el ajuste semanal del precio de los combustibles, que debía ser en promedio de unos $ 14 de incremento a solo $ 1. Según se ha sabido, esto habría sido posible como consecuencia del cambio del parámetro del costo de refinación por la vía de un decreto. Por su parte, algunos diputados calificaron este beneficio para las personas como insuficiente, pues no solucionaría el problema del precio de los combustibles, reclamando la rebaja del impuesto específico que les afecta.

Tanto la aplicación del Sipco mediante el cambio discrecional de un parámetro como la demanda de rebajar el impuesto que grava a los combustibles no obedecen a razones fundadas, sino que buscan generar beneficios políticos de corto plazo. Desde luego, la rebaja permanente de este impuesto es impracticable. No sólo se trata de un gravamen que rinde aproximadamente US$ 2.000 millones anuales al Fisco, cuya disminución tendría que ser repuesta por otro ingreso, sino que además hay razones técnicas que avalan su existencia, al corregir externalidades negativas por contaminación y congestión. Más aún, un estudio del Banco Mundial sostiene que su nivel actual es inferior al óptimo. Disminuir simplemente el impuesto provocaría una baja en el precio de los combustibles y la consiguiente alza en su demanda, y en el uso de vehículos particulares, con claros efectos en la congestión en ciudades y carreteras, y en la contaminación de las primeras. Por ende, cualquier petición seria sobre una rebaja del tributo tiene que ir acompañada de una propuesta concreta y realista para hacerse cargo de todos los factores mencionados.

La creación del Sipco implicó un avance respecto de los anteriores sistemas de estabilización de precios (Fepp y Fepco), pues focalizó su aplicación, dejando fuera a las empresas que usan diésel para fines distintos del transporte y que recuperan el tributo, y creando una banda móvil, que contempla una fluctuación en torno al precio de referencia de 12,5%, que suaviza, pero no evita, los incrementos y rebajas, para lo cual hace ajustes transitorios al impuesto a los combustibles. Esto determina que las señales de precio se transmitan a los consumidores, aunque atenuadas en el tiempo, de forma que ellos ajusten sus decisiones de consumo a la realidad de los precios, que en el caso actual tiene que ver con una crisis política en el Golfo Pérsico, que puede escalar aún más.

Sin embargo, y a pesar del declarado fin de objetivar y tecnificar el mecanismo de estabilización, ya ha sido objeto de dos modificaciones que lo distorsionan. La primera mediante una ley dictada con urgencia, a poco de haber sido creado, con el solo fin de adelantar en una semana su primera aplicación y evitar así un incremento de precios; y ahora, mediante la modificación discrecional de un parámetro, cuya razón no parece ser distinta. Todo ello debilita la consistencia que debe exhibir la autoridad económica en sus decisiones, además de transmitir una señal equivocada a los consumidores sobre la necesidad de adecuarse a la realidad de un mercado sobre el cual el país no tiene ningún control y que en definitiva no queda otra alternativa que asumirla.