L A COMISION de Salud de la Cámara de Diputados ha despachado la propuesta del gobierno para reformar las isapres. Se espera que su símil del Senado se pronuncie sobre el proyecto, que luego iría a discusión en sala. De la revisión efectuada por las comisiones surgieron propuestas que podrían afectar la viabilidad del proyecto, lo que hace importante que el gobierno y los parlamentarios combinen adecuadamente elementos técnicos, voluntad de reforma y distanciamiento de prejuicios, para impulsar un necesario mejoramiento de las regulaciones a los seguros de salud.
Existen en el país un seguro público de salud -que administra Fonasa, y que con cotizaciones de afiliados y aporte fiscal financia atenciones otorgadas básicamente por prestadores públicos-, el cual asegura cobertura y canaliza subsidios, pero adolece de falta de calidad en el servicio; y existen seguros privados -ofrecidos por las isapres, que recaudan cotizaciones de sus afiliados para financiar atenciones otorgadas por prestadores privados y algunos públicos, a través de convenios-, los cuales financian atenciones de mayor calidad, pero diferencian severamente las primas, según edad, sexo y condición de salud de los afiliados. La protesta de afiliados por incrementos en primas llevó a dictámenes judiciales que hoy generan dificultades al sistema de isapres. El proyecto del gobierno propone que todos los afiliados a las isapres cancelen una misma prima, de un valor tal que pueda financiar el Plan Garantizado de Salud (PGS), una atención adecuada, en calidad y cobertura, del total de afiliados. Los recursos recaudados a través de la prima uniforme, que no discriminaría por sexo, edad ni condición de salud, serían distribuidos entre las isapres, según las características de sus respectivos afiliados, que también serían libres para cambiarse de isapre sin estar sujetos a carencias o exclusiones.
La coexistencia con Fonasa dificulta una reforma del sistema de isapres, pues sus afiliados que no representan riesgos de salud subsidiarían a aquellos que sí originan gastos importantes. Algunos afiliados de isapres con familia numerosa, por ejemplo, verían encarecido su aporte respecto a la cotización que efectuaban, y podrían migrar al Fonasa; afiliados de éste con alto costo de salud podrían a su vez verse atraídos a las isapres por una prima única que, dada su situación de salud, representa un subsidio importante, lo que encarecería la prima en las isapres. Se discuten indicaciones, como diferenciar en algún grado la prima isapre según características de los afiliados, para limitar el impacto sobre algunas familias; o limitaciones a los afiliados de Fonasa para migrar a las isapres, que tienen efectos complejos sobre ambos sistemas y sus afiliados. En parte las dificultades detectadas fueron anticipadas por la Comisión Asesora del Presidente de la República que aportó los lineamientos técnicos para este proyecto. De hecho, en una propuesta de minoría, la Comisión postuló derechamente involucrar a ambos sistemas, Fonasa e isapres, en una reforma que posibilitara solidaridad al mismo tiempo que competencia y eficiencia, creando un sistema unificado.
Las alternativas para lograr un gran mejoramiento en los seguros de salud existen. El desafío para el gobierno y parlamentarios, más que en el plano técnico, está en aislarse de prejuicios estatistas o presiones corporativas para reformar en profundidad un sistema que presenta serias deficiencias.
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