Postergación de la flexibilidad laboral pactada

EL SOLO anuncio del envío de un proyecto de ley con un sistema de reducción de jornadas laborales para facilitar la mantención de las fuentes de trabajo en tiempos de crisis, significó un rechazo de plano de la oposición y la inmediata postergación de la idea por parte del gobierno. Resulta incomprensible que la creación de estas modalidades de flexibilidad laboral, que han permitido en países desarrollados precisamente disminuir la precariedad del empleo en tiempos de crisis, sea descartada con el contradictorio argumento de la defensa de la estabilidad laboral de los trabajadores.  

Es difícil pensar en condiciones económicas más favorables que las actuales para establecer un sistema de este tipo, porque el país goza de bajos niveles de desempleo y, al mismo tiempo, enfrenta una profunda incertidumbre en el escenario internacional con la posibilidad cierta de un panorama menos auspicioso en términos de crecimiento y creación de empleo. Por eso, la idea planteada por los ministros de Hacienda y del Trabajo es acertada y debería abrir un debate amplio sobre la base de una propuesta concreta, argumentándose por todos los sectores cómo se pretende avalar con hechos el discurso de proteger el empleo sin reformar un sistema rígido y que ha mantenido altos niveles de cesantía por mucho tiempo luego de las últimas crisis.

En lo que se alcanzó a conocer de la iniciativa, ella le entregaba  a  ambos ministerios la tarea de declarar -previo informe de un comité técnico- una situación de “emergencia laboral”, abriendo así la posibilidad de que por un lapso limitado las empresas y los trabajadores acordaran libremente un régimen excepcional para evitar el cierre de las primeras y la pérdida consiguiente de fuentes de trabajo. Ese régimen consistía en que se redujera la jornada laboral a la mitad y el salario a un 75%, siendo pagado el 50% por la empresa y el 25% restante por el Estado con cargo al seguro de cesantía. La objeción elevada de inmediato a este anuncio fue que este sistema “precarizaba” las condiciones laborales, crítica que carece de fundamento cuando se aprecia que esta posibilidad requiere acuerdo de los trabajadores, es por un tiempo limitado y cuenta con el apoyo del seguro de cesantía para evitar una disminución mayor de los salarios.

Quienes critican la idea deben hacerse cargo del hecho de que en los dos últimos períodos de crisis el desempleo llegó a tasas que duplican las actuales, lo que significa que en condiciones semejantes 700.000 chilenos quedarían ahora sin empleo y sólo con un seguro de cesantía por un breve plazo. ¿No es preferible evitar la quiebra de empresas y todo el duro proceso de despidos con acuerdos voluntarios que permitan pasar la emergencia y luego recuperar los ingresos perdidos?

A la cerrazón opositora se ha agregado lamentablemente la escasa voluntad del gobierno para defender su propia iniciativa, con el argumento de que ella no había sido “visada” por el comité político. Es precisamente esa instancia la que debería dar el respaldo y explicar las ventajas de propuestas que van en directo beneficio de las personas y que siempre se pensó iban a ser impulsadas por una coalición que reclamó en mu