Debilidades del sistema de acreditación universitaria

LAS DENUNCIAS formuladas por el ex rector de la Universidad del Mar, respecto de la forma como se administraban los recursos de la entidad, han puesto en tela de juicio no sólo la suficiencia de las regulaciones que deben cumplir los planteles de educación superior, sino también la eficacia del sistema de acreditación como herramienta para asegurar la calidad de la educación que imparten.

Conforme se han conocido más antecedentes, la gravedad del caso ha aumentado, al divulgarse que quienes tenían responsabilidades directivas en la Comisión Nacional de Acreditación y, por lo tanto, habían participado en el proceso de acreditación de la Universidad del Mar prestaron asimismo asesorías a ese plantel, lo que podría constituir un caso de negociación incompatible. Estas denuncias son de extrema seriedad, y deben ser investigadas hasta determinar su alcance y las eventuales responsabilidades de los aludidos.

Sin perjuicio del resultado de esa investigación, subsiste el cuestionamiento de fondo al sistema de acreditación, cuyas falencias son evidentes y deben ser subsanadas. Un primer error ha sido utilizar la acreditación para finalidades para las que no es idónea, como garantizar la calidad y servir de criterio diferenciador para entregar beneficios como, por ejemplo, el acceso al Crédito con Aval del Estado. La acreditación como es concebida en los países desarrollados sólo busca determinar el cumplimiento por parte de cada plantel de las regulaciones fundamentales que rigen su funcionamiento y el grado de consistencia de su operación con el proyecto educativo que ofrecen.

Por una parte, la evidencia demuestra que esas regulaciones son hoy en día insuficientes, porque no contienen normas claras y exigentes que impidan que se otorgue el carácter de “universidad” a organizaciones que en realidad no lo son y, por lo tanto, hacen una promesa imposible de cumplir a los alumnos que captan. Más aún, la acreditación en la versión chilena tiende a confundir a los estudiantes y sus familias, con clasificaciones como el otorgamiento por dos, tres y hasta siete años de “acreditación”. Como bien ha señalado el ministro de Educación, debería apuntarse simplemente a que el sistema diera o negara la categoría de universidad. Por otro lado, tratándose de un mal indicador de calidad, se requiere sustituirlo como criterio dirimente para el otorgamiento del financiamiento estatal para, por ejemplo, las becas y otorgamiento de crédito para el pago de las matrículas. En este punto se ha planteado, por parte del ministerio, la idea de utilizar un nuevo sistema de aranceles de referencia, que asociaría el apoyo estatal al valor efectivo de cada carrera y las posibilidades de ingreso que brindarán en el futuro a los egresados, buscando al mismo tiempo evitar una inflación excesiva en los montos cobrados por las universidades a costa de los fondos fiscales. 

Esta última idea parece razonable, pero debe ser estructurada en forma técnica e independiente, para evitar el riesgo de que por esa vía se traslade al Estado la definición de un único modelo de educación, perdiéndose así los beneficios de diversidad y flexibilidad que ha reportado el actual sistema de educación superior. En la gestión de muchos de los planteles universitarios que posee, el Estado ya ha demostrado su incapacidad para garantizar los estándares de calidad que se buscan.