CON OCASION de la ceremonia en que se promulgaron las leyes que crean el registro nacional de prófugos y establecen un sistema de penas alternativas a la prisión, el Presidente de la República deslizó fuertes críticas a la labor del Ministerio Público y los tribunales, demandando a los fiscales que “cumplan su labor” y a los jueces, que “apliquen la ley con rigurosidad”, pues, a su juicio, a menudo se observa que “los delincuentes salen prontamente en libertad”.
Es válido que autoridades de la rama ejecutiva expresen su apreciación respecto de asuntos de política judicial, siempre y cuando lo hagan de una manera que no pueda ser interpretada como una presión que vulnere la autonomía de entes como el Ministerio Público o el Poder Judicial. No obstante, parece inoportuno que el Mandatario repita críticas que ya han sido representadas en oportunidades anteriores por los ministros del Interior y de Justicia, pues ello amenaza con escalar de manera innecesaria un conflicto en el que las posiciones de las partes ya han quedado claramente establecidas y son conocidas por la ciudadanía. La labor conjunta del gobierno, la fiscalía y el Poder Judicial es necesaria para derrotar a la criminalidad. En el último tiempo, los índices que miden la delincuencia han vuelto a subir de manera pronunciada, lo que da cuenta de un preocupante rebrote, que debe ser enfrentado.
Aunque es cierto que en ocasiones jueces y fiscales parecen actuar de manera descuidada en la investigación de los delitos y el tratamiento a los delincuentes, corresponde ahora que, más que apuntar a las debilidades en la acción de los demás, los tres entes actúen de forma coordinada, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, para garantizar la seguridad ciudadana. Insistir en este tipo de polémicas sólo aleja este objetivo.