Irregularidades detectadas por Fonasa

LA INDAGACION que lleva a cabo Fonasa para efectos de esclarecer irregularidades detectadas en el pago de pensiones básicas solidarias a personas que no calificarían para ello, y que, por tanto, acceden a los servicios de salud del Estado, deja en evidencia la necesidad de que los distintos organismos públicos refuercen su control, para asegurarse que las políticas sociales beneficien a quienes efectivamente van dirigidas. En este caso, del orden de 10 mil personas estarían recibiendo esta pensión -diseñada para los segmentos más pobres de la población- con cargo al Estado, en circunstancias que percibirían ingresos sobre los $ 300 mil mensuales, y en algunos casos de varios millones.

Fonasa logró detectar estas irregularidades cruzando datos de sus afiliados con las bases del Servicio de Impuestos Internos. Un procedimiento tan elemental como éste debería estar internalizado como un estándar dentro de la administración pública. El Estado debe avanzar rápidamente en integrar en línea sus distintas reparticiones, de modo de poder llevar adelante una adecuada fiscalización. La enorme cantidad de recursos que se han comprometido en diversos programas de ayuda social impone el desafío de llevar un estricto control de cómo se gastan los recursos públicos. Se trata de un instrumento que apunta a sacar a más chilenos de la pobreza, y su efectividad radica en que esté bien focalizado.

En los últimos años, el Estado ha comprometido una serie de ayudas sociales, la última de las cuales es el ingreso ético familiar, que supone un gasto en régimen del orden de US$ 400 millones. El mismo sistema de pensiones solidarias o las becas en educación que se comprometerán para los estudiantes obligan a la necesidad de estrictos controles de fiscalización. Lo realizado por Fonasa es un buen primer paso, y cabe esperar que estas irregularidades se aclaren cuanto antes.