Rechazo a Punta Alcalde y prioridades energéticas

EL RECHAZO al proyecto de generación termoeléctrica Punta Alcalde por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama, ha vuelto a poner en evidencia la tensión no resuelta entre la necesidad del país de disponer de energía para asegurar sus posibilidades de desarrollo y la obligación de que éste se alcance de una manera ambientalmente sustentable. El anuncio de Endesa, compañía que impulsa el proyecto, de apelar la resolución ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, pone en manos del gobierno la definición final sobre el asunto.

La central Punta Alcalde se ubicaría en Huasco e involucraría dos bloques de generación de 370 megawatts de potencia cada uno, a un costo total de US$ 1.400 millones. Según Endesa, contempla mecanismos de mitigación de última generación, únicos en América Latina, como por ejemplo, la instalación de domos para proteger el acopio de carbón. La empresa ha señalado que el informe en el que se basó la comisión regional para acordar el rechazo contiene errores y no se ajusta a la normativa, por lo que incluso solicitó posponer la votación, la que de todas maneras se llevó adelante el lunes pasado, con el resultado desfavorable para el proyecto. La resolución de la CEA señala que Endesa no incluyó “información necesaria para poder concluir respecto de los impactos significativos sobre el medio marino y el aire”, provocados por las emisiones de las chimeneas y las obras de succión y descarga de agua de mar.

Más allá de las razones técnicas que esgrime una y otra parte, la apelación de Endesa solicitando la intervención del consejo de ministros obliga al gobierno a tomar una definición sobre el tema. Esto resulta altamente recomendable, sobre todo si se considera que el proyecto Punta Alcalde realizó su primer estudio de impacto ambiental en febrero de 2009. No es conveniente que la incertidumbre se prolongue y se continúe postergando una decisión final. Para que ésta se produzca, sin embargo, es necesario que el gobierno muestre voluntad y esté dispuesto a enfrentar la controversia que levantará la determinación que adopte, cualquiera sea su contenido. El hecho de que el Consejo de Ministros se haya reunido por última vez en diciembre de 2011 y que acumule otras 12 reclamaciones pendientes -entre ellas, proyectos muy significativos como HidroAysén, que presentó su reclamo hace un año-, sugiere una falta de resolución que parece inexplicable, a la luz de la voluntad declarada por las máximas autoridades.

Tras la decisión de Colbún de suspender el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión de HidroAysén, el gobierno ha insistido, en declaraciones ante la opinión pública y en reuniones con empresarios, que la preocupación por el suministro energético ocupa un lugar central en su agenda. Una manera de dar cuenta de dicha prioridad sería responder con la mayor celeridad -sin esperar, por ejemplo, varios meses, hasta que pasen las elecciones municipales- las reclamaciones que se acumulan ante el Consejo, entregando respuestas técnicamente fundamentadas, que deberían tener en cuenta la mejor manera de preservar los dos bienes en juego: la necesidad del país de crear riqueza para progresar y la obligación de resguardar el medioambiente para el goce de la actual y las futuras generaciones.