ENFRENTADO A la posibilidad de un desastre y a las presiones de la Unión Europea, el gobierno español anunció el miércoles un profundo programa de ajuste, el mayor en décadas. Las medidas dadas a conocer por el Presidente Mariano Rajoy obligarán a la sociedad a modificar en varios aspectos el estilo de vida al que se había acostumbrado en el último tiempo.
Entre otras medidas, Rajoy dio a conocer un alza del IVA de 18% al 21%, el fin de los días libres y los pagos extras de Navidad para los funcionarios públicos, la reducción en un 30% del número de concejales, restricciones al generoso sistema de subsidio de cesantía, alzas en impuestos “verdes”, la disminución en las subvenciones a partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, recortes de gasto en ministerios, etc. Se trata de un macizo paquete, que busca satisfacer las exigencias de una UE que ha entregado ayuda financiera a España y se muestra dispuesta a relajar sus demandas en torno al déficit fiscal.
Las medidas provocarán, sin duda, controversia, pues dañan intereses y afectarán a una sociedad que ya ha sufrido con el alza del desempleo y muestra, en algunos sectores, descontento a través de manifestaciones callejeras.
Tomadas en conjunto, resultan, sin embargo, necesarias. Tal como lo recalcó Rajoy, el actual gobierno heredó de su predecesor una situación económica calamitosa, que debe ser enfrentada con responsabilidad y decisión. No es claro que el ajuste, que es muy duro y amplio, permita a España reactivar su economía en el corto o mediano plazo, pero sí resulta evidente que, de no adoptar las difíciles decisiones que han abordado ahora las autoridades, el país europeo habría llegado de manera inexorable a una situación crítica, de la que le costaría mucho más recuperarse.