EN CUMPLIMIENTO con una exigencia planteada por el titular de la cartera en relación con lo establecido en la ley, los planteles de educación superior entregaron sus estados financieros al Ministerio de Educación. De acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Educación, 128 instituciones hicieron entrega de la documentación en los plazos y condiciones requeridos, mientras que 28 proporcionaron información incompleta y 17 no cumplieron con el trámite a tiempo.
La información solicitada a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica contemplaba una serie de documentos. El Ministerio se encuentra procesando los datos recibidos y debería entregar a fines de este mes un análisis preliminar, aunque una evaluación más profunda de los antecedentes demorará meses.
La publicación de datos relevantes constituye un aporte muy importante para mejorar la toma de decisiones de quienes postulan a planteles de educación superior. La información servirá para hacer accesible la situación financiera de la institución, cuestiones relativas a los socios, directivos y accionistas, y también antecedentes acerca de las instituciones relacionadas, permitiendo que el público tome en consideración esas variables al momento de postular. Esto contribuirá a una toma de decisiones más racional e informada por parte de los jóvenes y sus familias, pues les permitirá discernir y discriminar con mayor fundamento entre planteles.
En el debate acerca de las vías para mejorar la educación superior, existen sectores que estiman que para garantizar la calidad es necesario establecer una supervisión estricta que obligue a las instituciones a comportarse de acuerdo con estándares definidos por el Estado. Sin embargo, aunque es obvio que la regulación es necesaria, ésta no siempre es eficaz. El hecho de que numerosos planteles que dictan carreras de dudosa calidad hayan superado con éxito procesos de certificación de autonomía y de acreditación, confirma que no siempre funcionan adecuadamente los filtros fijados por ley. En cambio, parece evidente que la entrega de información oportuna, fidedigna y relevante constituye un aporte que debería ampliar las posibilidades que conducen a una toma de decisiones fundamentada y a aumentar la competencia entre los diversos planteles para atraer postulantes. Este camino es el que debe enfatizarse. Constituye una herramienta mucho más eficaz para empoderar al público que la ampliación de las regulaciones formales o de la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior o los sistemas de acreditación establecidos por ley.
A raíz de esto, es de suma importancia que las instituciones de educación superior entreguen a la autoridad la información requerida de manera íntegra y que ésta la ponga a disposición de la ciudadanía de forma entendible. Los planteles que no proporcionen los datos solicitados, o que lo hagan de manera incompleta, deben ser sancionados, pues al evitar dar a conocer los antecedentes no sólo desafían la ley, sino que asimismo limitan gravemente la libertad de los postulantes para adoptar una determinación muy trascendente: el lugar donde serán adquiridos conocimientos, destrezas y capacidades técnicas o profesionales que ayudarán a definir su desempeño en el mercado laboral, sus posibilidades de movilidad social y su realización personal.