LAS ULTIMAS cifras de desempleo en España no hacen más que confirmar la profunda crisis por la que atraviesa. El reporte oficial indica que la tasa de paro escaló al 24,6%, un nivel sin precedentes y que significa que más de 5,6 millones de personas no tiene empleo. La economía española anotará este año un crecimiento negativo, y de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la caída se profundizará en 2013, estimándose que el PIB caerá 1,2%. Este magro escenario -que incluso ha llevado al gobierno a solicitar más de US$ 100 mil millones para ir en apoyo del sector financiero- ha colocado a España en una situación límite, y el mercado teme la posibilidad de un default.
El severo plan de ajuste fiscal y alzas de impuestos que ha decidido impulsar el gobierno de Mariano Rajoy -que de acuerdo con lo pactado con Bruselas supone llevar el déficit fiscal al 3% del PIB hacia 2014-, si bien constituye un reto político de proporciones, es una señal positiva, pues refleja la voluntad de la nueva administración de llevar a cabo un profundo ajuste estructural, sin el cual parece imposible que el país pueda dejar atrás la crisis a la que fue arrastrado por un exceso de gasto público y el estallido de su burbuja inmobiliaria.
Resulta evidente que la salud de la economía española preocupa al resto de Europa, pues es la propia viabilidad del euro la que está en juego. Es alentador que el presidente del Banco Central Europeo (BCE) haya señalado que la entidad hará “todo lo que sea necesario” para preservar a la moneda. Esta decisión fue respaldada el viernes por los mandatarios de Francia y Alemania, todo lo cual generó un importante alivio en los mercados. Sin embargo, si esta voluntad no se traduce pronto en medidas concretas y que resulten creíbles para los mercados -lo cual pasa por el compromiso de los líderes europeos de llevar adelante un ajuste doloroso pero necesario en los países con problemas-, la incertidumbre seguirá presente, con el riesgo de que la crisis en el bloque se agrave aún más.