Infraestructura para disminuir sobrepoblación carcelaria

DESDE 2008, el Estado chileno ha debido desembolsar más de $ 5 mil millones para pagar multas a las empresas concesionarias que administran tres centros penitenciarios ubicados en las regiones de Tarapacá, Metropolitana y O’Higgins, debido a que estos recintos han sobrepasado en reiteradas ocasiones el límite máximo de sobrepoblación que establece la ley. Cuando la ocupación efectiva de reos supera en 20% la capacidad para la cual fueron diseñadas originalmente esas cárceles, de acuerdo a la normativa que regula al sistema privado de gestión de cárceles creado a comienzos de la década pasada, el Fisco debe cancelar una compensación diaria de 100 UTM                           ($ 3.900.000) a las entidades responsables de las mismas, y como en el período señalado esa cifra se ha excedido 1.361 días, las sanciones han terminado siendo cuantiosas.

Esta situación es grave, porque revela el uso sistemático de esta norma excepcional para resolver una necesidad que se habría solucionado oportunamente, ahorrándose los recursos destinados a pagar las multas, si se hubiera cumplido el programa de construcción y concesión de cárceles que estaba previsto.

Cabe recordar que en 2005 se inició la construcción de 10 unidades carcelarias concesionadas para enfrentar la escasez de 16 mil plazas que había en esa época, pero finalmente se terminaron construyendo sólo siete recintos, ya que los otros tres no se concretaron por problemas de contrato entre el Estado y las empresas constructoras, lo que elevó a 20 mil el déficit de  plazas requeridas en 2010. El terremoto de febrero de 2010, que dañó varios recintos carcelarios, y el incendio que en diciembre de ese mismo año provocó la muerte de 81 reclusos en la Cárcel de San Miguel, profundizaron aún más la precaria realidad del sistema carcelario chileno y pusieron de relieve la necesidad de realizar una intervención mayor para resolver los problemas de sobrepoblación que presenta.

El hacinamiento en las cárceles no sólo significa un alto costo económico para el Estado, sino que, además, genera una serie de otros perjuicios, ya que vulnera la dignidad de las personas que se encuentran recluidas, impide que los internos tengan la posibilidad de rehabilitarse al dificultarse  la adecuada segregación de la población penal, debilita la seguridad de las cárceles y hace poco efectivo el cumplimiento de las condenas. Asimismo, este factor ha condicionado la dirección que se le ha dado a la política carcelaria, al punto que el gobierno impulsó un proyecto de ley para indultar a reos de bajo compromiso delictual con el propósito de descongestionar las cárceles, iniciativa que fue aprobada en abril por el Congreso y que ya se comenzó a implementar.

La sobrepoblación penal es un fenómeno generalizado en los centros de reclusión del país, y su solución hace indispensable la construcción de recintos adicionales. Esto debería continuar haciéndose mediante el modelo de cárceles concesionadas, esquema que desde que comenzó a funcionar ha demostrado ser más seguro, eficiente  y capaz de entregar las condiciones necesarias para que los reos cumplan las condenas de manera digna y con posibilidades efectivas de rehabilitación.