LA MARCHA de los estudiantes secundarios realizada ayer -que no contó con autorización por parte de la Intendencia Metropolitana- terminó en graves desórdenes, con tres buses del Transantiago incendiados, carabineros lesionados y múltiples destrozos causados por grupos de encapuchados. Los hechos de vandalismo se han convertido en una conducta reiterada en este tipo de marchas y sus promotores deben asumir la responsabilidad de los hechos que se desencadenan cuando no existe un marco de garantías para que aquellas se realicen con las autorizaciones requeridas.
Resulta, por lo demás, inconducente seguir convocando a protestas cuando en el Congreso se tramita una serie de proyectos de ley que buscan dar precisamente respuesta a las carencias en el sistema educativo. Es allí, en el marco institucional, donde debe canalizarse el debate y la discusión en torno a este tema.
El gobierno condenó duramente los actos de violencia y desde La Moneda se aseguró que se actuará con todo el rigor de la ley, para asegurar que los violentistas sean llevados ante tribunales. Es imprescindible que las autoridades y la fiscalía impulsen decididamente las acciones judiciales y aporten pruebas contundentes, y no se repita lo que ha ocurrido en tantas otras ocasiones, donde a pesar de la gran cantidad de desmanes y la evidencia contundente, los hechos han quedado sin sancionados, lo que en la práctica es un incentivo perverso a la violencia.
Es importante que exista un repudio generalizado hacia la violencia y no se entreguen señales equívocas de impunidad al respecto. El legítimo derecho a manifestarse debe darse en un marco de respeto y con garantías de que no se afectarán los derechos de los demás.