ANTE LA evidencia de que el proyecto de reforma tributaria sería rechazado, el gobierno lo sustituyó por otro que incluyó sólo algunas de las medidas originales, como último recurso para obtener su despacho en la Cámara de Diputados, lo que logró esta semana sólo después de que accediera a limitar más aún la rebaja de impuestos a la renta de las personas que había propuesto en el nuevo texto.
El resultado de ese proceso, todavía inconcluso, pues falta la discusión en el Senado -que se advierte compleja-, ha sido un enorme desgaste político para el Ejecutivo, tanto porque fue incapaz de aprobar en lo sustancial el texto que pretendía, encontrando incluso resistencia entre las fuerzas que lo apoyan, como porque algunas materias fueron cuestionadas en su mérito técnico, tanto que no se consideraron en el proyecto sustitutivo y quedaron para un futuro proyecto. Pero, sobre todo, porque no logró el objetivo declarado de superar el debate tributario y neutralizar la posibilidad de que sea parte central de la próxima campaña presidencial. Muy por el contrario, como consecuencia de la tramitación legislativa el tema ha quedado en el centro de la discusión y amenaza con tornarse en un punto clave de aquella.
La posición que ha sustentado históricamente la coalición gobernante ha sido promover una carga tributaria moderada, tanto respecto de las empresas como de los individuos, la que quedó plasmada en el programa del actual gobierno al no incluir alzas tributarias en sus propuestas. El gobierno, primero a propósito del terremoto del 2010 para financiar los gastos de reconstrucción, y luego con una finalidad declaradamente política, ha planteado alzas en varios tributos. El incremento tributario propuesto este año tenía -según trascendió en la época de su envío- el doble propósito de demostrar que un gobierno de centroderecha podía aumentar impuestos, y de evitar que fuera tema de una futura elección presidencial. Sin embargo, al asumir esa bandera como propia aceptó la tesis de que la carga tributaria es insuficiente, en particular la que grava a las empresas, validando el fondo del argumento de la oposición de que esa es la única forma de resolver los problemas sociales del país. Obviamente, la respuesta opositora a la reforma fue señalar que el alza era insuficiente y que todas las rebajas a las personas debían ser suprimidas, profundizando un debate que siente favorable hacia futuro y que estará presente en los próximos debates electorales.
Por otra parte, la necesidad de mayor recaudación se ha justificado con los cambios previstos para educación, pero este argumento ya había quedado zanjado al inicio del debate, cuando el propio ministro de Hacienda señaló enfáticamente que estos gastos estaban financiados y que no se requeriría de nuevos tributos, lo que es coherente con el alto rendimiento de los ingresos del Fisco gracias al crecimiento. La elevación de la tributación de las empresas y minimización de las rebajas personales y de timbres y estampillas, además, dejarían niveles de recaudación mayores a los previstos, cuyo destino no se ha definido y que se explicarían, entonces, más por el imperativo de obtener la aprobación que por razones presupuestarias.
El gobierno ha desperdiciado energías y tiempo de su administración en un proyecto que no le reportará los beneficios buscados y que lo mantendrá en un debate que a todas luces no le resulta favorable.
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