Tomas en establecimientos educacionales de Santiago

LAS TOMAS de numerosos colegios producidas a partir del viernes pasado pondrá a prueba la voluntad de las autoridades para restablecer el respeto a la ley y el normal funcionamiento de las actividades escolares, lo que marcará al mismo tiempo el curso futuro del movimiento estudiantil y, particularmente, del uso de este medio de presión para apoyar sus reivindicaciones. La apertura al diálogo y a acoger las inquietudes de los estudiantes, actitud siempre necesaria y positiva de parte de la autoridad, no debe transformarse en tolerancia frente a ocupaciones que hace un año terminaron en un ambiente de desgobierno, con cuantiosos daños materiales y consecuencias difíciles de reparar a la preparación académica de los estudiantes.

El ambiente en que se producen estas protestas es muy diferente al que existía hace un año y este es un dato que deben tomar en consideración los estudiantes y también las autoridades. Por de pronto, está presente en las familias y los propios alumnos las consecuencias negativas que debieron enfrentar el 2011 luego de largos meses de paralización, con la pérdida de clases y las dificultades propias de retomar después el ritmo académico normal. A lo anterior hay que agregar que los reclamos por un mejoramiento en la calidad de la educación fueron seguidos de un conjunto de propuestas y planteamientos del gobierno en temas tales como la institucionalidad, las becas y el financiamiento, lo que ha dado paso ahora a su análisis y discusión en el Parlamento. Este es el lugar donde en una democracia deben darse este tipo de debates. Ningún observador ecuánime de la realidad chilena puede negar hoy que se han dado pasos para resolver los problemas en los que se centró la discusión hace un año.

En lo más coyuntural, esto parece haber generado ya efectos en la escasa acogida de la convocatoria efectuada por los estudiantes de la educación superior la semana pasada, lo que unido a los graves hechos de violencia que generaron en torno a ella, dan la impresión de que este tipo de tomas están asociadas a sectores más radicalizados y a reivindicaciones extremas -se habla desde una estatización total de los colegios municipalizados hasta el rechazo a las propuestas legales contra el vandalismo en las manifestaciones.

En la jornada de ayer se generó el desalojo de establecimientos que habían sido ocupados durante el día, generándose luego una nueva ocupación. Esta reiteración debería ser evitada por la señal de impunidad que transmite, llevando a cabo el desalojo, pero sin restablecer las actividades mientras no exista un compromiso formal de los estudiantes y sus familias a no reiterar las medidas de fuerza. Una señal que debería ser atendida es la entregada por un grupo importante de alumnos del Instituto Nacional, que ayer rechazó la paralización de actividades, lo que confirma un cambio en las circunstancias que rodean estas movilizaciones.

El gobierno ha dejado a los alcaldes, en este caso el de Santiago, la decisión del desalojo de los recintos. Sin embargo, si continúan las ocupaciones deberá asumir la responsabilidad que le cabe en la mantención del orden público y en el respeto al estado de derecho, que se ve gravemente vulnerado cuando un grupo impide a la fuerza el normal desarrollo de las actividades en los colegios.