UN ESTUDIO realizado por el gobierno para analizar el comportamiento electoral luego de la entrada en vigencia de la reforma que estableció la inscripción automática y el voto voluntario, pronostica que la cantidad de personas que concurrirá a sufragar en los comicios municipales de octubre alcanzaría a ocho millones. Ello supone un considerable aumento de 1,1 millón de votantes respecto de 2008, cuando participaron 6,9 millones de ciudadanos. El estudio calcula que, en el caso de las elecciones presidenciales y parlamentarias del año próximo, concurrirán a las urnas 8,5 millones de personas, lo que también se compararía favorablemente con lo ocurrido en 2010 (7,2 millones).
Si la proyección se confirma en la práctica, la reforma habrá empezado a cumplir su principal objetivo: aumentar la participación electoral por la vía de incorporar a quienes no estaban inscritos y generando condiciones para que sea necesario motivar la concurrencia de los electores. Esta supone beneficios en términos de inclusión cívica, pues típicamente quien vota se preocupa por buscar información sobre temas públicos. En todo caso, es un error asociar el porcentaje de participación a la legitimidad de las decisiones democráticas, porque en la abstención está implícita la aceptación del resultado y tiende a producirse en los países más estables y desarrollados, donde el resultado de las elecciones no afecta dramáticamente la vida de las personas como ocurre en los más inestables. Así, no debería ser un motivo de preocupación que en procesos electorales futuros disminuyera el porcentaje de votantes hacia los niveles normales que se aprecian en los países desarrollados.
El estudio estima que, en el caso de los comicios del año próximo, se incorporarían unos dos millones de votantes nuevos, a la vez que se abstendrían unos 700 mil que ya estaban inscritos en los registros. Ello implica un gran desafío para los partidos políticos y los candidatos, pues la nueva realidad establece unas reglas del juego distintas a las definidas cuando la inscripción era voluntaria y el voto obligatorio. En las condiciones antiguas, la experiencia acumulada permitía a los partidos conocer bien al electorado, el que, además, estaba cautivo por la obligatoriedad del voto. Ahora, en cambio, se hace difícil saber quiénes constituyen el electorado, porque no hay antecedentes de ejercicios electorales bajo el nuevo paradigma y porque la gente puede escoger si sufraga. Sin duda, esto afectará la manera en que se desarrollan las campañas, porque ahora los candidatos deben motivar a los electores para concurrir a las urnas.
Es deseable que esto último constituya una oportunidad para un debate más profundo sobre las propuestas programáticas y las posiciones sustentadas por cada partido y candidato, y no sobre la base de la presentación de argumentos puramente emocionales o populistas ante un público que ahora puede optar por no ir a votar si considera que la campaña no cumple ciertos estándares mínimos de seriedad. Los partidos políticos no parecen haber internalizado de forma adecuada este riesgo. Todo lo contrario, hasta ahora no ha sido posible apreciar esas propuestas y en muchos casos parecen destacar más en sus listas de candidatos a quienes cuentan una figuración pública previa, más que las aptitudes requeridas para el desempeño de sus cargos.