LUEGO DE una larga discusión legislativa, la Cámara de Diputados despachó la semana pasada en su último trámite el proyecto de ley que rebaja la tasa de interés a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), la que se reducirá del 5,6% actual al 2% una vez que entre en vigencia la norma. El proyecto, además, incluye el pago de cuotas con contingencia al ingreso, donde ningún deudor del crédito tendrá que pagar más del 10% de su sueldo mensual una vez que ingrese al mercado laboral.
La aprobación de esta iniciativa es un hecho positivo en varios sentidos. En primer término, porque permitirá poner fin a una asimetría que existía en esta materia, ya que los estudiantes de planteles universitarios que no pertenecen a las instituciones que forman parte del Consejo de Rectores (Cruch) -que son la mayoría- hasta ahora sólo podían financiar sus estudios optando a créditos con tasas más elevadas, lo que no sólo generaba una situación desfavorable para ellos, sino que era a todas luces una injusticia que con este proyecto será corregida. Además, perfeccionar esta política de financiamiento estudiantil permitirá también hacer más competitiva la oferta de carreras entre las distintas casas de estudios, entregándoles a los jóvenes y sus familias una mayor libertad para elegir a qué carrera ingresar y a cuáles entidades postular, situación que actualmente no ocurría y que generaba una ventaja para las universidades que pertenecen al Cruch por un asunto que nada tenía que ver con la calidad de los planteles. Asimismo, de esta forma se da respuesta a una de las demandas más sentidas de quienes están en edad de acceder a la educación superior y sus familias. El alto costo del endeudamiento es una de las razones por las cuales prendieron con fuerza el año pasado las movilizaciones estudiantiles. Corregido ese punto, se abre ahora la posibilidad de un acceso más igualitario a la educación superior.
El proyecto aprobado es uno dentro del paquete que el gobierno ha ingresado al Congreso en el último tiempo, con el propósito de mejorar la calidad y el acceso al sistema educativo chileno. Entre las iniciativas en discusión parlamentaria se encuentra el proyecto de ley sobre carrera docente, reforma que es clave, considerando que los profesores son un pilar fundamental del proceso educativo. La labor de los profesores busca ser reconocida mediante esta iniciativa, que contempla un aumento sustantivo de las remuneraciones en virtud del desempeño de ellos. La normativa permitirá destrabar un nudo histórico, ya que plantea la posibilidad de reemplazar a los mal evaluados, contribuyendo con ello a contar con una enseñanza de mejor nivel.
Otro de los proyectos que se encuentran en sede legislativa, pero que requiere ser revisado, es el de la Superintendencia de Educación Superior. El Estado ya cuenta con instrumentos y organismos pertinentes para fiscalizar a los planteles estudiantiles y la calidad de la educación que imparten, por lo que crear una nueva entidad con este propósito supone rigidizar aún más el sistema, cuando debiese ser la competencia entre los planteles la mejor forma de regular. Más aún cuando esa entidad corre el riesgo de duplicar labores que ya desempeñan otras entidades.
Esta opción suele confundirse con el celibato, pero no es lo mismo; los asexuados definen su condición como una de las tantas formas de identidad y defienden las relaciones que se basan en el romanticismo, dejando de lado lo erótico.